El escándalo de las visitas a Olivos comenzó a agravar los problemas del Presidente. El fiscal federal Ramiro González imputó a Alberto Fernández, a la primera dama Fabiola Yáñez y a los demás invitados al festejo de cumpleaños del 14 de julio de 2020, por haber incumplido las normas que prohibían hacer reuniones en plena cuarentena.

Tras quince quince días de análisis, el fiscal los encontró responsables de la violación al DNU presidencial que prohibía no sólo los encuentros sociales, sino la circulación por la ciudad de todas aquellas personas que no estuvieran cumpliendo tareas esenciales para la salud pública.

La aparición de las fotos y videos que mostraban los detalles del cumpleaños de Yañez durante el año pasado aceleraron la investigación judicial. El Gobierno busca minizar este expediente al considerar que la organización de la fiesta y la presencia del Presidente en ella se trató de un "error que no se repetirá", y que como no hubo propagación del coronavirus "no hubo comisión del delito". Esos argumentos fueron esgrimidos por Alberto Fernández en conversaciones reservadas.

De este modo, a semanas de las elecciones primarias, que se celebrarán el 12 de septiembre, el presidente de la Nación quedó por primera vez imputado en una causa que se tramita en los tribunales de Comodoro Py.

El dictamen de conoció minutos después de que Alberto Fernández sin el patrocinio de Gregorio Dalbón, se presentó ante la justicia pidiendo su sobreseimiento al entender que no cometió ningún delito al participar del cumpleaños de la Primera dama en plena cuarentena. ​

El caso está en manos del juez Sebastián Casanello, quien delegó la investigación en el fiscal Ramiro González. En el expediente se busca determinar si las conductas denunciadas, "pudieran configurar los delitos previstos en los artículos 205 y 248 del Código Penal, que establecen la tipicidad de las acciones del funcionario que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere".

En esta ocasión, el representante del Ministerio Público fiscal le atribuyó responsabilidad al Presidente de la Nación por la violación del artículo 205 del Código, que prevé una pena de 6 meses a dos años de prisión para quien "violare las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia".

Ese delito y otros conexos eran los que contemplaba el DNU que firmó el Presidente en el inicio de la cuarentena -en marzo de 2020- y que fue prorrogado con variaciones menores a lo largo del año pasado y también en 2021.

El DNU que regía en julio de 2020 en todo el país cuando se festejó en la quinta de Olivos el cumpleaños de la primera dama prohibía, entre otras cuestiones, que se abrieran los comercios no esenciales y el desplazamiento de personas por las calles: en ese momento, nadie que no fuera esencial podía circular. Además, el decreto consideraba un delito mantener reuniones de más de diez personas en lugares cerrados. La noche del cumpleaños había al menos 13 personas en el comedor de la residencia presidencial: las 12 que aparecen en las fotos y quien tomó la imagen.

La investigación seguirá su curso y con las imputaciones ya formalizadas, será el juez Sebastián Casanello quien determine si los llamará a indagatoria o no.

En la última semana, la fiscalía aceptó la presentación espontánea de varios de los ahora imputados. Fabiola Yañez está representada por Juan Pablo Fioribello y su socio Mariano Lizardo, quienes a su vez, defienden a Sofía Pacchi, Santiago Basavilbaso, Emmanuel López y Fernando Consagra.

Pese a la estrategia del Gobierno de unificar las defensas del entorno de la primera dama, Stefanía Domínguez -apuntada como la responsable de filtrar la fotografía que mostraba a todos los asistentes-, designó a Mauricio D'Alessandro . En tanto, Florencia y Rocío Fernández Peruilh, ya no son representadas por Fioribello , quienes designaron a Fernando Burlando.

La vestuarista Carolina Marafioti designó Alejandro Rúa, y el colorista Federico Abraham es defendido por el ex juez federal Jorge "Pati" Ballestero.

Sólo falta que se presente en el expediente el abogado elegido por el Presidente, Gregorio Dalbón.