Era un certificado expedido por el intendente de la Quinta de Olivos, amigo del presidente Alberto Fernández. El documento no tenía validez pero los “habilitaba para circular”. Apenas cuatro de los invitados tenían permisos de la aplicación CUIDAR

El escándalo por la Fiesta en Olivos todavía no tiene juez pero acaba de sumar otro capítulo. Al menos tres de los invitados al cumpleaños de Fabiola Yañez circularon esa noche con permisos “truchos”. Según pudo saber Infobae de fuentes cercanas a la Casa Rosada, se trata de certificados para “circular y transitar” que entregaba el intendente de la quinta de Olivos, Daniel Rodriguez. El nuevo escándalo surgió en las últimas horas luego de que la Jefatura de Gabinete respondió un pedido a la Justicia y reveló que cinco de los invitados no tenían un certificado de la aplicación CUIDAR.

Al menos tres de esos invitados utilizaban un certificado que no tenía validez legal pero les sirvió para circular durante varios meses. Uno de esos tres invitados es Sofía Pacchi, una de las mejores amigas de Yañez, al menos hasta esa noche.

La relación entre ambas está rota hace tiempo. Sin embargo, Pacchi sigue trabajando en un área que depende la Secretaría General de la Presidencia. ¿Por qué motivo? Es una manera de tener contenida. Hace tiempo que la ex modelo quiere hablar en los medios y contar su versión de los hechos.

En las últimas horas hubo otro episodio que dio un vuelco en el Olivosgate. El abogado de Yañez, Juan Pablo Fioribello -un letrado de perfil técnico que mantiene la confianza de Alberto Fernández- renunció a su defensa junto a su socio Mariano Lizardo, tal como adelantó el diario Clarín.

La renuncia de Fioribello se hizo efectiva este lunes en la causa que lleva adelante el juez Lino Mirabelli.

Pacchi está en problemas: se quedó sin abogado y esta semana tiene que visitar los tribunales de Comodoro Py por primera vez. Ocurre que la fiscal Alejandra Mangano la citó como testigo en la causa que se inició por la denuncia de la actriz Florencia Peña contra los diputados Fernando Iglesias y Waldo Wolff por una serie de tuits.

Además de Pacchi hay al menos otros dos invitados que tenían los permisos de circulación “truchos”. Esos certificados -que todavía no se agregaron al expediente- acreditaban que trabajaban o estaban afectados a la Unidad Presidencial. Todos llevaban la firma de Daniel Rodríguez, uno de los mejores amigos del Presidente. Hay decenas de permisos similares porque se renovaban cada dos o tres semanas, pudo saber este medio.

La Secretaría de Innovación Pública, que depende de la Jefatura de Gabinete, respondió la semana pasada un requerimiento de la Justicia pendiente desde agosto. Primero lo había hecho el fiscal Ramiro González y el 1 de octubre lo reiteró el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli, quien disputa la competencia para investigar el caso con la jueza Sandra Arroyo Salgado.

Ese informe oficial señala que solo cuatro de los asistentes a la fiesta “tenían permisos vigentes” al 14 de julio de 2020, aunque no los habilitaba para asistir a un cumpleaños. Ellos son: Florencia Fernández Peruilh, Santiago Basavilbaso, el peluquero Federico Abraham, y Stefanía Dominguez.

Los otros cinco invitados tramitaron permisos oficiales en otras fechas. Sofía Pacchi, por ejemplo, tramitó un permiso recién el 4 de mayo de este año. En ese momento dio un domicilio en el partido de Vicente López y declaró que trabajaba como ”Secretaria privada presidencia”.

Mientras tanto, la causa todavía no tiene juez. La disputa de competencia entre los dos jueces federales de San Isidro quedó en manos del camarista Marcelo Fernández, integrante de la Sala I de la Cámara Federal de San Martín.

Tanto en el Gobierno como en la oposición evalúan que la causa seguirá en manos de Mirabelli. Hay factores jurídicos pero también políticos.

Una vez que se acumulen ambos expedientes, el juez que quede a cargo deberá resolver todos los planteos pendientes. El presidente Alberto Fernández pidió ser sobreseído al considerar que en el caso no se cometió delito y propuso una reparación económica al Instituto Malbrán durante cuatro meses. Otra imputada, Carolina Marafioti, también pidió una conciliación. Y la defensa de Stefanía Domínguez, la primera que cambió de abogado, planteó la inconstitucionalidad del decreto que impuso las restricciones durante la pandemia que impedían el festejo.