El Gobierno designó como directora de ARSAT a una ex funcionaria que estuvo procesada por malversación de fondos.
Una ex dirigente del peronismo muy cercana al ex presidente Carlos Menem vuelve a la gestión pública, tras ser oficializada en el día de hoy al mando de la compañía estatal que desarrolla satélites, ARSAT.
Se trata de Claudia Elena Bello de 61 años, quien será uno de los cinco directores que ingresarán a la compañía, creada en 2006 por la ley Ley N° 26.092 y cuyas acciones pertenecen íntegramente al Estado Nacional.
Durante la presidencia de Carlos Menem, Bello pasó por varios cargos dentro de la función pública llevándose de muchos de esos grandes escándalos: en 1992 fue designada como interventora de Corrientes quedó involucrada en una elección signada por las sospechas de sobornos, cuando se fugó un elector designado por la Unión Cívica Radical, que había trazado una alianza estratégica con el Pacto Autonomista Liberal para impedir que un Justicialista accediera a la gobernación.
Sin embargo, su escándalo más resonante fue en su paso por la Secretaria de la Función Pública de la Nación donde quedó bajo su órbita el plan para evitar un colapso por el “Efecto Y2K”, un error que -según estimaban los especialistas- iban a tener los sistemas informáticos y computadoras para procesar el cambio de año de 1999 al 2000 ya que los equipos interpretarían al 00 como 1900.
Específicamente, Bello quedó a cargo de a campaña publicitaria de prevención para alertar a las empresas y los medios de comunicación. Desde allí realizó contrataciones irregulares, esto es, adjudicando de forma directa y sin licitación por nueve millones de dólares para la campaña de prevención a posibles daños en las computadoras por la llegada del año 2000.
Por los hechos fue denunciada y posteriormente procesada por incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con la función. Recien en 2011 su caso llegó a juicio aunque fue absuelta por el TOF 1. En 2014 la Cámara de Casación Penal decidió revocar esa decisión, pero el TOF 1 determinó que el caso estaba prescripto. De esta forma, Bello y otros funcionarios quedaron absueltos y pudieron esquivar el pedido de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos que le hubiera impedido asumir en ARSAT.