La demanda alcanza también al intendente camporista de la localidad de Mercedes, Juan Ustarroz. Distintos vecinos reclaman no poder ingresar a la municipalidad, a la defensoría, ni al juzgado de faltas.

La incorporación de un pase sanitario en la provincia de Buenos Aires, que obliga a los bonaerenses a certificar -en los casos en los que sea requerido- que han sido inoculados con las dos primeras vacunas contra el Covid-19, condujo al surgimiento de diversas polémicas entre distintos vecinos de todo el territorio. Recientemente, el malestar derivó en una denuncia penal contra el gobernador Axel Kicillof y el intendente de Mercedes, Juan Ustarroz.

Concretamente, los motivos que conllevaron a que se radicara una demanda tienen que ver con la imposibilidad de ingresar a la municipalidad, la defensoría o al juzgado de faltas para todos aquellos habitantes de la localidad que no contaran con el certificado. Tampoco permite cumplir con obligaciones como obtener o renovar la licencia de conducir.

De acuerdo a la denuncia, estos impedimentos no constituyen una contradicción de leyes sino una violación de la ley en sí misma. Porque la decisión de imponer el pase sanitario, según consta en la denuncia, no es mediante ley sino que es una decisión administrativa que no puede anular derechos constitucionales. La denuncia cita el artículo 14 de la constitución que garantiza el derecho a libre tránsito.

La información fue dada a conocer por el medio RealPolitik, que dialogó con dos inspectoras de tránsito sobre la situación que acontece actualmente. Según explicaron, en caso de no tener la licencia al día, por no tener pase sanitario, el vehículo se secuestra. En ese sentido, el pase sanitario está funcionando como una herramienta de expropiación o la obligación de ser multado, que es uno de los objetivos de esta política de recaudación.

Esto se sustenta, según consta en la denuncia, en el reporte de casos en los que en el organismo se recibió en la vía pública a vecinos que fueron a pagar multas.