Un año después de haber sido presentado, el proyecto que crea un marco regulatorio para el uso medicinal de la marihuana sigue en veremos. Las razones detrás de un negocio que promete.

Falta de consenso. Ese es el principal motivo por el que la Legislatura de la provincia de Buenos Aires todavía no sancionó la ley que crea un marco regulatorio para la investigación científica y uso medicinal del cannabis.

Si bien el proyecto, presentado por el Poder Ejecutivo hace exactamente un año, ya tiene despacho de cuatro comisiones, quedó trabado en la Cámara de Diputados y no hay indicios de que vaya a ser tratado en el recinto en el corto o mediano plazo. Según pudo saber La Tecla, el oficialismo tiene previsto para los primeros meses de 2022 incluir una serie de iniciativas, que enviará el gobierno de Axel Kicillof, a las que se añadirán proyectos que el Frente de Todos buscará aprobar de manera diligente. Entre ellos no está incluido el de cannabis medicinal.

Si no se trata durante este período perderá estado parlamentario y deberá comenzar el recorrido una vez más. Durante el 2020, el Frente de Todos amagó en reiteradas oportunidades con incluir en el orden del día el proyecto que modifica la Ley 14.924 y ratifica la adhesión a la ley nacional 27.350.

Todas las veces se cayó. ¿El motivo? Los votos no estaban. La principal diferencia que esgrimen desde Juntos por el Cambio tiene que ver con la creación de la Agencia Provincial del Cannabis (APC) como entidad autárquica, que mantendrá sus relaciones con el Poder Ejecutivo provincial a través del Ministerio de Gobierno, hoy en manos de Cristina Alvarez Rodríguez.

Desde el principal bloque opositor consideran que el mencionado ente debería contar con representantes de otros espacios políticos (no sólo del oficialismo), especialistas y sectores vinculados con la temática, al igual que tienen otros organismos bonaerenses, como IOMA o el IPS.

“Aceptamos que nos corten y peguen parte de la ley nuestra. Fue un robo del oficialismo. Es más, Daniel Gollan no sabía que había antecedentes y que ya había una ley, por lo que podríamos no tener un marco normativo. Pero como quedó un híbrido en la ley nacional se quería avanzar en este sentido”, dijo a La Tecla un legislador de la oposición.

En efecto, en mayo del año 2017, la Provincia adhirió a la ley nacional N° 27.350, que establece “un marco regulatorio para la investigación médica y científica del uso medicinal, terapéutico y/o paliativo del dolor de la planta de cannabis (cannabis sativa) y sus derivados, garantizando y promoviendo el cuidado integral de la salud”.

El problema, sin embargo, continúa siendo la Agencia Provincial del Cannabis, y mientras la oposición no logre consensuar con el oficialismo algunos cambios para tener representación en su directorio, la ley seguirá congelada.

Los puntos del proyecto oficial:

* Modifica la Ley 14.924 y ratifica la adhesión a la ley nacional 27.350, creando el marco regulatorio para la investigación científica y el uso medicinal del cannabis sativa y sus derivados.

* Crea la Agencia Provincial del Cannabis (APC), que será autoridad de aplicación y regulará, gestionará y controlará las autorizaciones, convenios y habilitaciones con entidades y organizaciones que estén interesadas en desarrollar, promocionar, cultivar, investigar, producir, comercializar, industrializar, importar y exportar la planta y derivados.

* Crea un Registro Provincial de Cannabis para la inscripción voluntaria de las personas que requieran asistencia del Estado para la obtención de los productos indicados por prescripción médica.

* Establece la obligatoriedad de la inscripción y posterior habilitación de personas humanas y jurídicas que pretendan producir, investigar y comercializar productos cannábicos medicinales en territorio bonaerense.

* Habilita el cultivo y la producción de particulares o municipios interesados.

* Autoriza la prescripción del aceite de cannabis o sus derivados para tratamiento médico en todo el sistema de salud.