Diputados provinciales de Juntos reclaman que Axel Kicillof de marcha atrás con la compra de barbijos por $700 millones.

Mientras algunas jurisdicciones y municipios de la provincia de Buenos Aires avanzan en el uso del tapaboca optativo para las dependencias estatales, el gobierno de Axel Kicillof abrió una nueva licitación para la compra de barbijos tricapa por $700 millones para distribuir en las escuelas bonaerenses.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, encontró resistencia desde el bloque de diputados de Juntos que viene bregando por la eliminación del uso del barbijo obligatorio en las instituciones educativas. Los legisladores Claudio Frangul (UCR) y Florencia Retamoso (Pro) reclamaron “dejar sin efecto la millonaria compra”.

“Mientras otras provincias del país como Mendoza, Tierra del Fuego y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han eliminado la obligatoriedad del uso de barbijos para los alumnos en edad escolar, Kicillof y su ministro Kreplak siguen tomando medidas basadas en su fundamentalismo militante”, apuntó el legislador radical de La Plata, Frangul.

Asimismo, el platense Frangul afirmó que “en un contexto de crisis económica como el que atraviesa la provincia de Buenos Aires que aún está sufriendo las consecuencias por la cuarentena eterna decretada desde el 2020 y del mal manejo de la economía, no se encuentran argumentos que justifiquen afrontar un gasto de estas proporciones en un modelo específico de barbijos tricapa”. “Con ese dinero se podrían arreglar escuelas o comprar insumos y material bibliográfico”, advirtió.

La resolución que encendió la polémica en la Legislatura bonaerense fue la 808/2022 del Ministerio de Salud, en la que se autoriza la contratación directa para la adquisición de barbijos tricapa descartables con elástico y con ajuste nasal, tanto pediátricos como para adultos.

Los barbijos tricapa, que estarán destinados a las escuelas de la provincia, demandarán una erogación de “hasta setecientos setenta y dos millones seiscientos veintitrés mil trescientos sesenta con 00/100 ($772.623.360,00), con la posibilidad de aumentar hasta en un cien por ciento (100%) el contrato”.

En este sentido, la diputada Florencia Retamoso exigió a las autoridades del Ejecutivo bonaerense “rever su postura de intransigencia y fanatismo, brindando sin número de datos y opiniones calificadas respecto a los efectos negativos de esta imposición para los niños, niñas y adolescentes en su desarrollo cognitivo, su salud integral y su sociabilidad”.