La denuncia había sido radicada por la Coalición Cívica contra el ex funcionario y tres empresas. El fiscal Ramiro González impulsó la investigación y pidió medidas de prueba

El fiscal federal Ramiro González impulsó ante el juez Ariel Lijo una investigación para determinar si hubo delito en la puesta en marcha de un plan que implementó el ex secretario de Comercio Interior junto a tres empresas para intentar bajar el precio de la harina e influir en el precio de productos farináceos.

La denuncia había sido presentada por diputados de la Coalición Cívica que plantearon que “se trató de un subsidio dirigido a una sola compañía molinera”.

También se sostuvo que la operatoria de ese fideicomiso podría implicar la posible comisión de delitos de defraudación contra la administración pública y lavado de activos.

El fiscal González pidió citar a declarar a los denunciantes para que ratifiquen y aporten más información y requerir a la Secretaría de Comercio Interior que la resolución en cuestión, las actuaciones anexas y el registro de “los beneficiarios y los comprobantes que den cuenta de las transferencias bancarias que se hubieren efectuado en consecuencia; y cualquier otra constancia vinculada con ello”.

El Ministerio Público también solicitó copia del expediente de Molinos Cañuelas para saber “quiénes son los acreedores del concurso preventivo y la sentencia recaída” y pedirle a la Auditoría General de la Nación y a la Sindicatura General de la Nación que “indiquen si se han realizado informes de auditoría sobre la creación e implementación del fideicomiso de administración del FONDO ESTABILIZADOR DEL TRIGO ARGENTINO”. También solicitó “los antecedentes comerciales y financieros que registran los investigados”, revelaron a Infobae las fuentes consultadas.