El bloque de Margarita Stolbizer y Emilio Monzó presentó en Diputados iniciativa para que el Estado utilice la información de los registros y sume a quienes tienen condiciones para obtener el subsidio de luz y gas.
“Hay mucha gente que no se va poder anotar y van a terminar con tarifa plena”, afirmaron desde el bloque opositor.
El Bloque Encuentro Federal, parte de Juntos por el Cambio en la Cámara de Diputados, presentó un proyecto de Ley para que los sectores de la población de menores ingresos sean incluidos en forma automática para continuar recibiendo el subsidio en los servicios de tarifas de electricidad y de gas.
La iniciativa del bloque presidido por la diputada Margarita Stolbizer, plantea en sus fundamentos evitar el “complejo procedimiento de confección de declaraciones juradas por parte de los usuarios y la obligación por parte de las autoridades de aplicación de incluir a un determinado universo en el Nivel 2, menores ingresos, de acuerdo a la segmentación, sobre todo para los más vulnerables”.
En diálogo con Data Clave, el diputado y autor del proyecto Domingo Amaya, afirmó que “en un contexto de muchas dificultades, lo increíble de esta medida es que los datos ya los tiene el Estado”, y agregó: “Me llama la atención que piensen que todos tienen la posibilidad de acceder a este sistema del formulario online”.
“En el interior hay muchos pueblos donde muchos que tienen las condiciones para acceder al subsidio y no lo van a tener. ¿Es necesario que los veteranos de Malvinas hagan el formulario? tiene que ser automático. Hay que simplificar la burocracia”, apuntó el diputado tucumano. Por esto, el legislador de Juntos por el Cambio se quejó: “Hay muchos pueblos en Tucuman que ni siquiera tienen internet. Se gobierna desde un escritorio en Plaza de Mayo”.
Desde la bancada monzoista aseguran que los “diputados del oficialismo deberían adherirse” al proyecto, porque la inscripción online “va a ser tremendamente” injusto. “Muchas familias no van a poder llenar el formulario y van a terminar pagando tarifa plena. A menos que la intención sea ahorrar dinero del Estado. No tiene otra explicación”, concluyó Amaya.