La iniciativa es impulsada por diputados del Frente de Todos y pretende fijar una pena de hasta diez años de prisión a jueces, magistrados, fiscales o asesores que actúen con "malicia".

Diputados del Frente de Todos impulsarán en los próximos días un proyecto de ley para incorporar al Código Penal la figura del lawfare con la intención de fijar una pena de hasta diez años a los jueces y magistrados que actúen con "malicia" y que afecten los derechos políticos de las personas.

La iniciativa es elaborada por la diputada Gisela Marziotta y el titular de la comisión de Seguridad Interior, su par Ramiro Gutiérrez, también del Frente de Todos, quienes la presentarán esta semana al bloque oficialista con el objetivo de reunir el consenso de todo el espacio, señalaron los autores de esta propuesta.

En relación a la eventual figura penal del lawfare, Gutiérrez señaló que abarcaría tanto "al juez, fiscal, asesor o funcionario encargado de emitir dictamen ante la autoridad judicial que actúe maliciosamente".

"Para todos estos casos se establece la pena de cárcel (hoy es multa e inhabilitación), para establecer congruencia y proporcionalidad con otras figuras de igual gravedad previstas en la ley penal", añadió.

Por su parte, Marziotta justificó la presentación del proyecto al plantear que el lawfare constituye un "vacío legal" para el funcionamiento de los poderes del Estado, lo que representa un "peligro".

"Es un peligro, no solamente para los gobiernos y líderes populares, sino para todo el sistema democrático que ve que si hay lawfare no hay democracia. El peligro que encierra es más enorme y está sucediendo a nivel regional, no nos pasa solo a nosotros. Hay un plan detrás del lawfare", consideró la diputada.

Por esa razón, explicó, "la idea es convertirlo en un delito penal, tipificándolo para que sea penalizado", ya que "no se puede aceptar que se utilice el poder judicial de un magistrado en forma maliciosa para afectar los derechos políticos de los demás ciudadanos".

Un proyecto con pocas chances
Desde el oficialismo reconocieron que es poco probable que un proyecto de estas características avance en el recinto, dada la extrema paridad entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. De todas maneras, señalaron que el primer objetivo es instalar el debate en la agenda pública.

En los últimos tres años, el Frente de Todos no pudo hacer avanzar ninguna reforma de la Justicia ya que los cambios por el oficialismo no solo son rechazados por Juntos por el Cambio sino que tampoco los acompañan el interbloque Federal y la mayoría de los bloques provinciales.

Esto sucedió cuando el Frente de Todos quiso avanzar en la reforma de la justicia, del Ministerio Público Fiscal y en los cambios en el Consejo de la Magistratura.