El proyecto presentado contempla además de la baja en la edad de imputabilidad, un fuero especializado en menores y penas diferenciadas para delitos graves.  También se prevé que las personas adolescentes se hagan responsables de los actos que realizan y que reparen los daños causados.

El diputado nacional Diego Santilli, del PRO, presentó el proyecto de ley que contempla bajar la edad de imputabilidad en delitos violentos de 16 a 15 años, un debate que es reabierto cada tanto y moviliza a la opinión pública.

El proyecto de “Sistema de Responsabilidad Penal Juvenil”, basado en la noción de justicia restaurativa y el respeto por los derechos humanos de los adolescentes, ahonda en los métodos de abordaje restaurativo a cargo de equipos interdisciplinarios, donde tiene mayor relevancia el daño sufrido por la víctima y la comunidad que la violación a la ley.

Según información estadística oficial de la Corte Suprema de la Nación, casi el 30% de los delitos contra la propiedad, la integridad sexual y las personas son cometidos por menores de 16 años.

La finalidad del proyecto, que cuenta con el acompañamiento de los diputados Rogelio Frigerio, Waldo Wolff, Ricardo López Murphy, Graciela Ocaña, Álvaro González y Fernando Iglesias, está puesta en revertir, en lo posible, los efectos del delito en la sociedad. Para ello, se prevé que las personas adolescentes se hagan responsables de los actos que realizan y que reparen los daños causados.

En ese sentido, según se informó, en lugar de que la única consecuencia sea la cárcel, el proyecto propone que los adolescentes deban realizar todas las medidas posibles para reparar el daño producido por el delito. Asimismo, las víctimas y la comunidad que sufrieron daños tendrán derecho a participar en todo el proceso, con márgenes amplios de acción y participación, pudiendo proponer modos de reparación.

Santilli plantea que el castigo y la reparación son parte integral de un sistema de responsabilidad penal juvenil y que, por ello, en caso de que las medidas de reparación sean incumplidas o fracasen por culpa de la persona que delinquió, las autoridades judiciales puedan disponer las penas privativas de libertad, las cuales van hasta los 10 años de prisión, con excepción de los casos de homicidio y abuso sexual agravado, en los cuales el máximo de la pena sube a 15 años, en razón de la gravedad de los delitos.

El proyecto de ley prevé que los juicios contra personas adolescentes sean realizados en el plazo máximo de dos años y, en caso de que el plazo transcurra sin que el proceso llegue a su finalización, constituirá una falta grave para las autoridades judiciales intervinientes. De esta manera, se evita la posibilidad de que las autoridades judiciales “cajoneen” expedientes, estableciendo responsabilidades claras, se informó.

En caso que la iniciativa sea aprobada, se buscará evitar la saturación del sistema penal mediante la creación de un fuero especializado de justicia penal juvenil, que descomprimirá el trabajo de los tribunales penales y permitirá llegar más rápido a la finalización de los juicios.

Además, el diputado nacional propone la desjudicialización de los procesos penales, lo que permitirá al Estado contar, como primera respuesta al delito, con diferentes medidas socioeducativas, que deberán llevarse a cabo de acuerdo al Abordaje Restaurativo, entendido como un proceso en el que todas las partes implicadas en un conflicto (ofensor, víctima y comunidad) resuelven colectivamente cómo manejar las consecuencias del delito y sus implicaciones para el futuro.

A su vez, se prevé el abordaje restaurativo de trabajo desde la interdisciplina, a fin de que las decisiones no se tomen en forma aislada, dispersa y fraccionada, sino mediante acuerdos y espacios de escucha entre diferentes perspectivas teóricas, en sintonía con lo que han establecido en los últimos años diferentes convenciones y normas internacionales en materia de derechos de adolescentes.

"La idea de justicia restaurativa promueve armonía social"

“El presente proyecto se inserta en una idea republicana y democrática del derecho penal, pero que tiene en cuenta las desigualdades existentes entre las personas y, por ende, que la respuesta punitiva por sí misma no es posible sin entender esas desigualdades”, expresó Santilli.

Al respecto, manifestó: “La idea de justicia restaurativa, entendida como ‘una respuesta evolucionada al crimen, que respeta la dignidad y equidad de cada persona, construye comprensión y promueve armonía social a través de la sanación de la víctima, del infractor y de la comunidad’, es la que guía el núcleo del sistema penal juvenil propuesto”.

“Siguiendo esta noción, el proyecto instaura un sistema que prioriza la realización de medidas restaurativas, por fuera del sistema judicial penal, estableciendo la excepcionalidad de las penas privativas de la libertad, y solo cuando el resto de las medidas hayan fracasado”, añadió.