La doble sesión pautada en la Legislatura bonaerense para aprobar el presupuesto 2023 quedó opacada luego de los incidentes que se desarrollaron en inmediaciones del edificio ubicado en el centro de La Plata.
Organizaciones de izquierda y sindicatos de municipales se congregaron desde la mañana – el inicio de sesión estaba previsto para las 11 en Diputados – en inmediaciones del palacio legislativo. Un grupo de manifestantes intentó derribar el portón del ingreso al recinto del Senado, y las piedras volaron sobre el edificio durante más de media hora. También se prendió una fogata en las rejas y hubo cantos y manifestaciones de descontento. Además de destrozos, trascendió que el saldo de los enfrentamientos con la Policía fue de ocho heridos.
El reclamo que le hacen principalmente desde varias comunas al gobernador Axel Kicillof tiene que ver con la fijación de los montos de las asignaciones familiares, que quedaron ligadas a decisiones municipales y no la los lineamientos nacionales de la ANSES.
Incidentes en la Legislatura bonaerense ante la doble sesión que buscaba aprobar el Presupuesto 2023.
La Legislatura bonaerense buscaba sancionar hoy el proyecto de Presupuesto 2023 para la provincia de Buenos Aires, que contempla gastos por $6,9 billones; y la Ley Impositiva, que prevé una menos carga impositiva para más del 90% de los contribuyentes,
La Cámara de Diputados convocó a sesionar a las 11 y el Senado lo hará desde las 14, con el objetivo de contar con ambas normas hacia el final del día.
Tras varias reuniones entre representantes del Poder Ejecutivo, legisladores del oficialismo y de la oposición, se acordó la inclusión en la propuesta de un Fondo de Infraestructura Municipal (FIM) y otro de Seguridad de alrededor de 57.500 millones de pesos, que reclamaban los intendentes.
La iniciativa enviada por el Gobierno de Axel Kicillof supone un déficit primario de $81.000 millones y un déficit financiero de $249.000 millones, e incluye pedidos de financiamiento con organismos internacionales en moneda extranjera y en moneda local por $168.062 millones.
Según explicó el ministro de Hacienda, Pablo López, la propuesta “apuesta a un Estado presente que logre cerrar las brechas en términos de infraestructura productiva y social existentes, además de impulsar el proceso de desarrollo a través de una política productiva activa, que fomente el cambio tecnológico y la generación de nuevos puestos de trabajo”.