El ministro de Seguridad de la Nación, Anibal Fernandez, denunció en las últimas horas a la titular del Pro, Patricia Bullrich, y al diputado nacional de Juntos por el Cambio, Gerardo Milman, por los delitos de administración fraudulenta, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública por la presunta contratación de espías.

Según el escrito que presentó ante la Justicia Aníbal Fernández, la maniobra consistió en “simular contrataciones inexistentes para hacer figurar erogaciones salariales que no reconocen causa alguna, haciéndose del dinero supuestamente abonado a los espías, que jamás habrían desempeñado funciones en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal”.

En ese sentido, la presentación judicial presentada por el ministro de Seguridad detalla que con la firma de Patricia Bullrich se emitieron distintas resoluciones durante 2017, “mediante las que se contrató, por el término de un año, a 18 espías para supuestamente desempeñarse en la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal”.

En esa línea, los haberes de los espías se llegaron a liquidar, pero los empleados de la Agencia Federal de Inteligencia no solo nunca habrían trabajado para esta dependencia, sino que tampoco habrían sido los que recibieron los sueldos. En la denuncia, se estima que el perjuicio económico contra el Estado nacional por esa maniobra de Bullrich y Milman habría sido de $1.787.260.