La vicepresidenta difundió un documento en el que puntualiza las relaciones incompatibles de la magistrada y su imparcialidad en el caso del intento de magnicidio en su contra. Cuestionó su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA.

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este lunes una nueva recusación contra la jueza María Eugenia Capuchetti y pidió que sea apartada de la causa que investiga el intento de magnicidio en su contra. La exmandataria apuntó contra las actividades y relaciones incompatibles de la magistrada con el Ministerio de Seguridad de CABA y su falta de imparcialidad en la investigación contra la Policía de la Ciudad.

"En épocas de derechas violentas, anoche se presentó recusación contra la Jueza Capuchetti por su dependencia con el Ministerio de Seguridad de CABA, el mismo que cercó mi casa con vallas e hizo inteligencia en mi domicilio antes y después del atentado", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter.

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El documento detalla que el viernes se conoció públicamente que la jueza Capuchetti tiene una relación rentado en el Instituto Superior de Seguridad Pública (ISSP) de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El vínculo entre Capuchetti con el ISSP es desde 2014. En este marco, el documento de la recusación sostiene que "es central aclarar que el ISSP no es un órgano con fines académicos, sino políticos. Aun si realiza actividades académicas, estas actividades tienen un objeto estrictamente político. Esto es central porque implica que participar en el ISSP equivale a participar en una dependencia del Poder Ejecutivo, y no en una dependencia académica, más allá de lo que se haga en el organismo".

De este modo, afirma que "aun si Capuchetti efectivamente da clases e investiga en el marco del ISSP, es explícito que esto no tiene un fin académico, sino apoyar a la conducción política del Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires". En cualquier caso, remarcan que "lo cierto es que el artículo 9 del Decreto-Ley No. 1285/58 establece las incompatibilidades que conlleva el ejercicio de la magistratura. Lo cierto es que, como mínimo, las tareas de investigación y planificación de políticas públicas para un organismo ejecutivo están netamente prohibidas para los jueces.