Solo Bolivia defendió la denuncia de lawfare en Argentina, los demás países miembros mostraron su preocupación por “los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia”.

El Gobierno no logró imponer su postura contra la Justicia en el Examen Periódico Universal (EPU) del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en donde había expuesto sobre un posible “lawfare”.

Es que de todos los países que participaron del encuentro, solo Bolivia apoyó la postura de Argentina y ratificó la persecución por parte del Poder Judicial. Entre las 287 observaciones, solamente el país conducido por Luis Arce, hizo referencia al controversial asunto que motivó las críticas de la oposición.

Además, el gobierno boliviano reclamó por la libertad de la dirigente de la Tupac Amaru, Milagro Sala, que sostiene ser una presa política, y que también formó parte del reclamo argentino ante el organismo internacional.

De hecho, Alemania cuestionó la injerencia política sobre el sistema judicial argentino y habló de “presiones e intimidaciones” a los jueces e investigadores. En concordancia con la organización internacional de derechos humanos Human Rights Watch (HRW), que ya había alertado en su último informe anual, sobre la ofensiva del Gobierno sobre la Justicia.

El ente internacional, había sostenido que en la intervención del gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner, por sobre los otros poderes, han “socavado el estado de derecho” en la Argentina. Asimismo, la delegación germana también hizo referencia a este último tema, y recomendó al gobierno argentino “trabajar activamente con la oposición” para cubrir los cargos en la procuración general, la Corte Suprema y el Defensor del Pueblo.

Todo inicio cuando el pasado lunes la delegación argentina convocada en Ginebra, Suiza, presentó los avances en materia de derechos humanos en Argentina y dio detalles de las políticas públicas implementadas.

La comitiva encabezada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla, despertó polémica con su informe, de hecho desde Juntos por el Cambio, enviaron una carta al alto comisionado de la ONU, desmintiendo “categóricamente”, los dichos del oficialismo.

Señalando que la presentación del funcionario tuvo “como propósito buscar la impunidad de los delitos de corrupción multimillonaria del gobierno kirchnerista, que fueron corroborados por la Justicia no solo con la condena a la actual vicepresidenta de la Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, por hechos de corrupción, sino también a varios altos funcionarios de su gobierno”, remarcaron desde la oposición.