La semana entrante se espera que expongan quienes presentaron los 14 proyectos de jury contra los 4 ministros supremos. La intención del Frente de Todos es que el 9 de febrero se vote la admisibilidad de estas iniciativas. Esto abrirá paso a la etapa de recolección de pruebas, que incluye las citaciones de testigos y acusados.

El debate por el juicio político contra los cuatro jueces de la Corte Suprema de Justicia comenzó a desarrollarse este jueves en comisión en la Cámara de Diputados. El Frente de Todos busca que el próximo 9 de febrero se vote la admisibilidad de los 14 pedidos de jury que hay presentados contra los ministros supremos. Esto abrirá paso a la etapa de recolección de pruebas, que incluye las citaciones de testigos y acusados. El proceso promete ser extenso y tenso, a la luz de los cruces que hubo entre los legisladores oficialistas y opositores.

Este último jueves se desarrolló la primera reunión de la comisión de Juicio Político en la Cámara Baja para abordar el pedido de jury de los jueces cortesanos Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lonrezetti. Durante la audiencia, que logró hacerse porque el oficialismo obtuvo el quorum con su propia bancada, se repasaron los 14 proyectos que hay ingresados. Cambiemos, que se sentó a dar el debate, terminó por legitimar el proceso que recién comienza.

La presidenta de la comisión, la diputada Carolina Gaillard (FdT), informó que el próximo jueves 2 de febrero expondrán quienes presentaron esos distintos proyectos de pedido de juicio político. Es decir, tendrán la palabra los autores. En total hubo siete proyectos presentados por diputados (FdT y Coalición Cívica) y siete por la "sociedad civil" (es decir, asociaciones de juristas, particulares como el abogado de DD.HH. Pablo Llonto, etc.). No estaba claro en la comisión si alcanzará una sola jornada para que expongan todos los convocados. Esto puede provocar que las exposiciones continúen en la siguiente audiencia.

El FdT apuesta a que el jueves 9 de febrero se pueda poner a debate y se vote la admisibilidad de los 14 pedidos de juicio político. Puede ser que algunos prosperen y otros no. Para aquellos que sean admitidos, se abrirá el período de recolección de prueba.

La etapa de recolección de prueba etapa provocará muchos más cruces entre oficialismo y oposición. Por ejemplo, en uno de los recientes pedidos de juicio político que hicieron 15 legisladores del FdT contra los 4 integrantes de la Corte se pidió que se apruebe como medida de prueba el entrecruzamiento telefónico de los investigados. Concretamente, solicitaron darle intervención a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) “para establecer llamadas entrantes y salientes de las líneas telefónicas que resulten relevantes a los efectos de la investigación, como así también para informar entrecruzamientos de llamadas, y toda medida de similar naturaleza que aparezca conducente para el esclarecimiento de los hechos”. Según indicaron desde el Congreso a este medio, esa medida se puede solicitar mediante un oficio dirigido a la Dajudeco, que depende de la Corte.

En el proyecto de los 15 legisladores del FdT también se pide citar a los cuatro ministros supremos denunciados y a 35 personas y organismos como testigos, entre los que se destacan Silvio Robles, mano derecha de Rosatti, y el ministro porteño Marcelo D’Alessandro. Según la segunda filtración de chats que involucran al ministro de la Ciudad, ambos coordinan estrategias político-judiciales que perjudican al kirchnerismo.

Según informaron fuentes parlamentarias a El Destape, ninguno de los testigos que sean citados pueden evitar prestar declaración. Ser testigo en un juicio político tiene carga pública. Por eso Robles, por ejemplo, tampoco podría dar su testimonio por escrito. Debiera presentarse en el Congreso. Si no lo hace el Parlamento podría pedir que se lo haga comparecer con la fuerza pública. Quienes sí podrían presentar un escrito son los ministros cortesanos denunciados, quienes también pueden negarse a declarar.

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Otro dato a tener en cuenta es que si se aprueba el dictamen acusatorio en la comisión de Juicio Político pasa al recinto donde tiene vigencia por 3 años. Es decir, podría votarse con otra conformación de la cámara. En la actualidad, el FdT no tiene en la Cámara de Diputados los 2/3 de los votos necesarios para girar la acusación al Senado. Pero sí tiene la mayoría simple en comisión para admitir los proyectos de juicio político y la producción de prueba.