El Gobernador cerró un acto en Tribunales en el que se denunció que la Vice fue condenada sin pruebas. 

El gobernador Axel Kicillof exigió a la Corte Suprema que esclarezca el atentado contra Cristina Kirchner, al tiempo que, en medio de fuertes críticas, desafió: “si Cristina quiere ser y el pueblo la va a acompañar, Cristina va a volver a ejercer cargos”.

El gobernador hizo un discurso con duras críticas al papel de la justicia argentina a lo largo de la historia y en especial de la Corte, a la que identificó con intereses contrarios a los del pueblo. “Esto tiene una larga raíz política e histórica. Para que se comprenda hay que recordar la historia. Hoy es el aniversario de aquella epopeya que hizo nuestro pueblo en Comodoro Py para defender a Cristina, sus ideas y sus derechos”, dijo en referencia al 13 de abril de 2016, cuando la hoy vicepresidenta, en ese momento en el llano, fue citada por el fallecido juez Claudio Bonadío a Tribunales y su presencia se convirtió en una manifestación popular de apoyo. D

Kicillof rechazó la condena contra Cristina Kirchner. “Mil seiscientas páginas y ni una prueba. Los que empujaron esa sentencia nos dicen que Cristina no está proscripta y que es una fantasía nuestra”, dijo el gobernador. Y Desafió: “Si cristina quiere ser y el pueblo la va a acompañar, Cristina va a volver a ejercer cargos. Vamos a bancar a Cristina. Vamos a bancar al pueblo”.

Kicillof fue el orador central de un acto en el que participaron dirigentes políticos y sindicales del FdT para pedir la renuncia de la Corte y el “fin de la proscripción” contra la Vicepresidenta.

Un comunicado que apunta al “partido judicial”
En el comunicado conjunto sobre la movilización se pide la remoción de los cuatro miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti, Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, sobre los que ya avanzó el oficialismo con un pedido de juicio político. El kirchnerismo hermana las violaciones a los derechos humanos entre 1976 y 1983 con la situación actual para plantear que hoy existe una “dictadura de jueces”. Sobre esa base reclaman el cese de la supuesta “persecución” y “proscripción” a la vicepresidenta.

“La persecución política, las proscripciones, el fraude y los golpes militares fueron herramientas reiteradamente utilizadas para limitar o suprimir la voluntad popular”, afirma el kirchnerismo en el comunicado de la movilización. “En la última década, frente a la irrupción en toda América Latina de gobiernos nacionales, populares y democráticos que promovieron la inclusión social y la independencia económica, los poderes fácticos construyeron lo que se ha dado en llamar la guerra judicial contra la política”, agregan.

“En la Argentina esta estrategia continental fue rápidamente adoptada por un entramado entre el poder económico concentrado, los medios hegemónicos y las más altas jerarquías del Poder Judicial, que -de modo coordinado- se lanzaron a demoler las conquistas alcanzadas por nuestra sociedad”, señalan, en la previa de que se conozca el nuevo índice inflacionario y luego de la preocupante suba de la pobreza dada a conocer por el Indec.

“En esta tarea asumió un papel preponderante lo que hoy conocemos como el Partido Judicial, que vino a sustituir el rol que, durante décadas tuvo el partido militar”, continúa el comunicado, que habla de la construcción de un “modelo de persecución” y de una “estructura de lógica mafiosa que ha llevado a la Justicia argentina a uno de sus momentos más degradantes”.

“El punto más alto de esta deformación se alcanzó con la burda sentencia de proscripción de Cristina Fernández de Kirchner y, lo que es peor aún, con la evidente y cómplice renuencia a profundizar la investigación sobre su intento de asesinato”, enfatiza el texto.

En un párrafo dedicado a la Corte Suprema de Justicia, afirman que “pretende imponerse con sentencias facciosas y traficadas sobre los poderes que emanan de la voluntad popular” orientadas a “favorecer a la fuerza política de su preferencia”. Allí es donde señalan que existiría una “dictadura de los jueces”, reclaman la renuncia de los miembros del máximo tribunal y de los jueces y camaristas involucrados en el escándalo por el viaje a Lago Escondid0.