La información ya fue puesta a disposición del juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo. Se trata de los más de 80 mil usuarios que no validaron su identidad como beneficiarios del programa.

El juez federal Ariel Lijo y el fiscal Carlos Rívolo investigan presuntas irregularidades cometidas en la concesión de 87.555 planes del programa Potenciar Trabajo que administra el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Victoria Tolosa Paz.

Esos planes estatales que hasta ahora pertenecían a beneficiarios “fantasmas”, fueron dados de baja por Tolosa Paz por no haber haber cumplido el proceso de validación de datos tal como dispuso a través de una resolución. Acorde a la información oficial, estaban bajo la dependencia de gobernaciones, ministerios, municipalidades, cooperativas, mutuales y federaciones de movimientos sociales. Sin embargo, el Gobierno reconoció que el supuesto fraude alcanzaría una cifra cercana a los $3.699.724.080 mensuales.

Anualizado, la cifra asciende a $ 44.396.688.960 si se hubieran seguido pagando durante los restantes meses de 2023.

Según los arquitectos consultados del Ministerio de Obras Públicas de la Nación, con el dinero que se evitó derivar de manera presuntamente irregular, se podría construir por ejemplo, unas 300 viviendas mensuales de entre 50 y 78 metros cuadradas similares a las que se construyen para el programa Procrear. Es decir 3.600 casas en un año.

El monto que percibe cada beneficiario del Potenciar por realizar 20 horas de tareas semanales en las las Unidades de Gestión es, a valor actualizado, $42.256.

De la documentación oficial se desprende que Victoria Tolosa Paz dio bajas a beneficiarios del programa Potenciar Trabajo en la totalidad de las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).

En total fueron 6.144 las personas que no pudieron justificar su pertenencia a una Unidad de Gestión. De no haber sido detectada el Gobierno seguiría destinando $259.620.864 mensuales; a supuestos beneficiarios que no validaron su pertenencia al plan. El proceso de validación de datos fue dispuesto por la Resolución “2022-2035-APN-MDS” a los pocos días de haber reemplazado a Juan Zabaleta. El intendente de Hurlingham había organizado una auditoría presencial en las Unidades de Gestión que, en palabras de Tolosa Paz, “podría haber demorado años”.