La Cámara de Diputados analiza una reparación histórica para quienes se hayan quedado sin empleo por el proceso de privatizaciones.

Los diputados nacionales están debatiendo otorgar una reparación histórica para los despedidos en la década de los ‘90, que hayan sido afectados por el proceso de políticas de privatizaciones.

Actualmente, la propuesta se encuentra en la instancia de comisión, donde se discutió acerca de una indemnización económica para ex trabajadores de las empresas estatales que no se hayan acogido a los programas de propiedad participada (PPP) durante las privatizaciones de esas compañías.

A su vez, ya se solicitó un informe a la Oficina de Presupuesto del Congreso para que “hagan una estimación institucional sobre todos los proyectos en consideración”.

Héctor Jorge Barba, ex trabajador de Encotel, expresó en diálogo con Télam: “Tenemos trabajadores en todo el país y la empresa nunca fue reconocida como tal, ni su gente tampoco. Tenemos 74 suicidios por este tema. Queremos la posibilidad de que se trate el proyecto porque es hacer justicia y durante tres décadas seguimos siendo marginados”.

Dichos proyectos está impulsados por los diputados Hugo Yasky (FdT), Juan Marino (FdT) y Romina del Plá (PO-Frente de Izquierda), y se destaca que “es responsabilidad del Estado Nacional, a través del Congreso, reparar el daño causado a aquellos trabajadores que, pese a tener derecho a quedar incluidos en el correspondiente Programa de Propiedad Participada de la sociedad continuadora a la que fueron transferidos, resultaron injustamente excluidos”.

Gas del Estado, Servicios Eléctricos de Gran Buenos Aires (Segba), Encotel, la Petroquímica General Mosconi, son algunas de las empresas que fueron privatizadas y sus empleados reclaman un resarcimiento tal como sí ocurrió con los casos de empresas como Somisa, Altos Hornos Zapla e YPF, quienes sus empelados años después obtuvieron respuesta a sus reclamos a través de respectivas leyes de reparación.