Los abogados del Estado solicitaron una reunión con Loretta Preska para evitar los embargos argumentando que “abonar la suma causaría daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes”.

Tras la sentencia que obliga a Argentina a pagar US$16.000 millones por la expropiación de YPF, los abogados del país solicitaron una reunión con la jueza Loretta Preska para evitar el depósito de la garantía previa a la apelación. El fondo que ganó el caso, Burford Capital, solicitó embargos de bienes argentinos a partir del 16 de octubre. Para evitarlo, Argentina debía depositar una garantía equivalente al monto del fallo (US$16.000 millones).

Los abogados del Estado argumentaron que depositar esa suma “causaría daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes”. Además, explicaron que “la garantía que nos piden depositar para evitar embargos equivale al 20% del presupuesto y la Ley Argentina impide realizar desembolsos que no hayan sido presupuestados para el corriente año fiscal”.

“El país no tiene acceso al mercado de capitales para emitir un bono y depositar una garantía y abonar la garantía causaría daños irreparables a la población que sufre de alta inflación causada por una sequía sin precedentes”, advirtieron.

Los argumentos de la Argentina, mientras continúa con la apelación del fallo, son dos: que Burford no respeta el período razonable para la ejecución del fallo y que generaría problemas económicos para el país.

“El intento de los demandantes de ‘acelerar el inicio’ de los procedimientos de ejecución debe ser rechazado, particularmente a la luz de la moción anticipada de la República Argentina de suspender la ejecución de la enorme sentencia en este caso”, inició el pedido para la jueza.

La Argentina consideró que el pedido de Burford Capital “es prematuro” y aseguró que “desperdiciaría recursos judiciales y de las partes”. Por ello, los abogados explicaron que el país “espera suspender la ejecución de la sentencia sin garantía”. Además, el documento resalta que la ejecución inmediata contra la Argentina de una sentencia de US$16.000 millones “generaría litigios innecesarios y caóticos”.