El ex presidente, Mauricio Macri, se sumó a la lista de personas que buscan ser querellantes en la investigación sobre la presunta red de espionaje ilegal K.

En el marco de la investigación por espionaje ilegal, Mauricio Macri ha solicitado ser considerado como parte querellante, sumándose así al ex titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi pidió un informe detallado sobre las 1,969 carpetas recopiladas ilegalmente por Ariel Zanchetta antes de decidir qué solicitudes aceptará.

Las pruebas informáticas indican que Ariel Zanchetta, el ex policía y espía, no operaba en solitario. Según la investigación, contaba con “informantes” que le proporcionaban datos sobre los objetivos y realizaba algunas acciones por pedido de terceros. La fiscalía ha identificado a tres agentes de la Agencia Federal de Inteligencia vinculados a estas actividades.

La investigación, que actualmente tiene a tres imputados —el expolicía, el joven hacker de la provincia de Misiones, Ezequiel Nuñes Piñeiro y Fabián “Conu” Rodríguez, el referente de La Cámpora y funcionario de la AFIP—, revela la “posible existencia de una organización criminal” dedicada a vulnerar las comunicaciones de magistrados y funcionarios del Poder Judicial.

La fiscalía a cargo de Gerardo Pollicita sostiene que esta red de espionaje “habría llevado a cabo un conjunto de acciones tendientes a vulnerar las comunicaciones telefónicas y electrónicas de distintos magistrados y funcionarios del Poder Judicial de la Nación”.

Según indicó la justicia federal, el objetivo de la maniobra era “obtener datos personales para suplantar sus identidades (de los jueces), tomando el control de sus líneas de celulares, accediendo a sus aplicaciones de mensajería e incluso —en un supuesto— haciendo requerimientos de dinero a su nombre”.

“Las actividades ilícitas desarrolladas por la asociación criminal investigada no se habrían limitado solamente a la vulneración de las comunicaciones ni tampoco habrían tenido como únicos destinatarios a funcionarios del Poder Judicial, sino que se habría tratado de una red de espionaje más amplia cuya actividad habría tenido como “objetivos” a cientos de personas —políticos, magistrados, funcionarios públicos, periodistas, empresarios, artistas, dirigentes sociales, deportivos y sindicales, entre otros”, desarrolló el fiscal Pollicita.