El presidente electo, Javier Milei, ratificó que el Estado nacional no girará más fondos para obras e indicó: "Que los intendentes busquen la forma de financiarla". En qué consiste el esquema de PPP que tiene el país vecino y que pretende exportar.

El presidente electo, Javier Milei, puso en marcha la motosierra y ratificó que no habrá pública tal como se la conoce. "Que los intendentes busquen la forma de financiar la obra pública, no hay plata", manifestó con dureza en un mano a mano con Alejandro Fantino en Neura Media.

La declaración se hizo viral en redes sociales. La pregunta fue clara: "¿Qué vas a hacer con las obras públicas que ya estaban licitadas?". Milei respondió: "Nosotros no tenemos plata. Esas obras pueden ser entregadas al sector privado y que las termine el sector privado". "Que busquen la forma de financiarla. La iniciativa será a la ‘chilena’ y le buscará la forma quien hace el proyecto", sostuvo Javier Milei.

Las declaraciones hicieron ruido no solo entre los jefes comunales sino también en la Cámara Argentina de la Construcción donde esperan una reunión con el futuro ministro de Infraestructura, Guillermo Ferraro. Hay unas 3.500 obras en ejecución en todo el país iniciadas por Nación.

En declaraciones radiales, el futuro ministro ratificó que los contratos en ejecución se respetarán y que avanzan en un esquema de Participación Público Privada (PPP) y concesiones.

El modelo chileno

"El punto de inflexión en el modelo chileno fue cuando ya en plena democracia, el presidente Patricio Aylwin Azócar decidió privatizar la mayor parte del sistema de obras públicas del país para reducir el gasto público y el déficit fiscal. Chile fue pionero en implementar el sistema de concesiones en América Latina", explica el sitio especializado El Constructor.

“Cualquier empresa nacional, extranjera, o persona física puede adquirir una habilitación legal para postular proyectos de infraestructura, como rutas, puentes, represas, gasoductos, etc. La iniciativa privada es el pilar de este sistema” afirma la resolución firmada por el poder ejecutivo chileno en abril de 1993.

Antes de esto existía un régimen completamente estatal, donde el Estado era responsable de la planificación, operación, y mantención de los proyectos de infraestructura, financiado principalmente por la recaudación de impuestos.

Con el modelo de concesión se consolidó la figura de asociaciones público privadas donde el contrato es para la ejecución de infraestructura pública, que se caracteriza por la modalidad de pago del contratista denominado derecho de explotación.

En los 30 años que transcurrieron desde la implementación del modelo en 1993, se firmaron 110 contratos. De ellos, 53 han sido de autopistas, 26 de aeropuertos, 15 hospitales y cárceles, cuatro de embalses y 12 en obras como el Movistar Arena o el Centro Cultural Palacio de La Moneda. La inversión total se estima en 27 mil millones de dólares, según datos de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa).