La Justicia tiene en la mira a 1060 personas en la provincia de Ricardo Quintela por “defraudación a la Administración Pública”.

La Justicia Federal abrió una causa en la provincia de La Rioja luego de identificar que 1060 personas empleadas en el Estado cobraban el plan Potenciar Trabajo.

La investigación a cargo de la fiscal federal, María Virginia Miguel Carmona, y el juez Daniel Herrera Piedrabuena, intenta identificar al más del millar de empleados que además de sus sueldos percibían $70.000.

No solo de solicitó la indagación de los empleados del distrito comandado por Ricardo Quintela por “defraudación en perjuicio de la Administración Pública”, sino que además se instruyó que se investigue a los funcionarios nacionales.

Según informaron desde la prensa del Ministerio Público Fiscal, “habrían infringido la normativa que impide el otorgamiento del mismo a quienes no cumplan con los requisitos legales establecidos”.

Además, agregan que “debieron haber llevado el control y seguimiento correspondiente para evitar no solo un perjuicio económico para el Estado Nacional, sino también que el dinero destinado a tal fin sea acreditado efectivamente a aquellos que realmente lo necesitan para subsistir”.

De este manera se pidió que se le suspendan los planes sociales a los señalados y que se habilite la feria judicial para empezar a tomar declaraciones indagatorias.