El ministro del Interior, Guillermo Francos y su par de Economía, Luis Caputo, recibieron a los 10 mandatarios de JxC. Hay coincidencia con reducir el déficit, pero advertencias de no hacerlo en lo que afecta a sus distritos: retenciones a los derivados de la soja y bioetanol, algunos de los puntos en debate. Está en juego en apoyo a la Ley Ómnibus.

El ministro del Interior, Guillermo Francos y su par de Economía, Luis Caputo se fueron con las manos casi vacías de una reunión con actores políticos que están cerca del gobierno: los gobernadores de Juntos por el Cambios le advirtieron a ambos funcionarios que no apoyarán en el Congreso –a través de sus diputados y senadores- reformas que afecten el funcionamiento de las economías regionales, entre ellas la suba de retenciones.

Los mandatarios estuvieron con ambos funcionarios en la Casa Rosada, en la segunda reunión del gobierno de Javier Milei con ellos como grupo. Se da en un contexto especial: junto cuando el ejecutivo busca acelerar el proyecto de “Bases y puntos de partida para la reconstrucción de los argentinos” en la cámara de Diputados. Es la famosa Ley Ómnibus, que con más de 600 artículos resetea buena parte de la economía argentina.

Pero pese a la cercanía política, los gobernadores pusieron el pie en el freno: aunque le dijeron a los funcionarios que están de acuerdo con el objetivo general de bajar el déficit, les advirtieron que no habrá cheque en blanco, sobre todo en cuanto a las medidas que afectan directamente a sus economías.

“Están para apoyar gran parte de las reformas siempre y cuando no se afecten intereses estratégicos y económicos de las provincias”, dijeron cerca de uno de los gobernadores presentes. Francos apuntó: “Los gobernadores transmitieron algunas consideraciones vinculadas a las economías regionales que estamos analizando”.

Los mandatarios provinciales también siguen expectantes por los artículos del proyecto que modifican la ley de biocombustibles y los que introducen reformas en la ley de pesca. Esos últimos dos puntos ya fueron conversados en reuniones anteriores, pero los gobernadores quieren ver plasmados en el texto las modificaciones que fueron acordadas de palabra.

Siete de los mandatarios se conectaron con la Casa Rosada de forma virtual. En la videoconferencia estuvieron Carlos Sadir (Jujuy), Claudio Poggi (San Luis), Marcelo Orrego (San Juan), Alfredo Cornejo (Mendoza), Ignacio Torres (Chubut), Leandro Zdero (Chaco) y Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires). Hasta el Salón de los Escudos del Ministerio del Interior se acercaron Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), que se encontraban en Capital Federal. El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, no logró conectarse a la videconferencia.

Francos está encargado de trabajar en una estrategia de consensos con los gobernadores para sumar apoyos al proyecto. Pero el Gobierno incorporó hoy al diálogo a Caputo, que es el más interesado en que se aprueben los artículos que incrementan los recursos del Gobierno para revertir el déficit.

Pese a que comunicó que estaba prevista una “reunión de trabajo” con los gobernadores de Juntos por el Cambio, el Gobierno mantuvo los detalles de la charla bajo un fuerte hermetismo. A diferencia de otras oportunidades, los gobernadores presentes se fueron de Balcarce 50 sin hacer declaraciones.

Cada uno de los gobernadores llevó sus planteos particulares frente al debate de la ley ómnibus que Milei envió a Diputados. Al tope de las preocupaciones están las retenciones a la soja, a la producción vitivinícola y otros productos regionales que podrían afectar fuertemente la actividad económica de las provincias.

El proyecto de ley ómnibus establece que los subproductos de la soja pasarán a tener retenciones del 33% y que los productos que hoy no tienen derechos de exportación pasarán a tributar un 15%, aunque fija en cero las alícuotas para la producción olivícola, arrocera, láctea, frutícola y hortícola, entre otras.

Otro punto de la ley que genera resistencia entre los gobernadores es el referido a las modificaciones en la ley de biocombustibles ya que desregula fuertemente la actividad, lo que haría peligrar a las pequeñas y medianas empresas que fabrican biodiésel y bioetanol.