A raíz de la aparición de varias irregularidades de los beneficiarios, el gobierno suspenderá a las personas que salieron del país a pesar de que la asistencia considera que están en situación de vulnerabilidad.

El Gobierno habría tomado la decisión de dar de baja más de 150.000 planes sociales, luego de descubrir irregularidades relacionadas con viajes al exterior de los beneficiarios. Según fuentes gubernamentales, la medida está confirmada y está próxima a ejecutarse. “Tenemos poca plata, no la podemos dejar para corrupción”, sintetizó uno de los funcionarios en diálogo con LA NACION.

Según trascendió, desde el Ministerio de Capital Humano, a cargo de Sandra Pettovello, de quien depende la anterior estructura de Desarrollo Social; se declaró que “no hay nada confirmado aún”. Sin embargo, en otras áreas sugieren que la decisión es un hecho y solo resta ver “cómo y cuándo se comunicará”.

Los planes Potenciar Trabajo afectados por la baja fueron identificados previamente por el fiscal federal Guillermo Marijuan en octubre pasado, cuando Desarrollo Social todavía era Ministerio y su titular, la hoy diputada Victoria Tolosa Paz.

De acuerdo al informe de la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos relativos a la Seguridad Social (Ufises), el entrecruzamiento de datos entre beneficiarios del Plan Potenciar y los de la Dirección Nacional de Migraciones arrojó que 159.919 de ellos presentaban salidas del país en distintos medios: aviones, cruceros, autos, yates, al mismo tiempo que cobraban planes; contraviniendo los requisitos de vulnerabilidad establecidos por el Estado para otorgar dichos planes.

Por este motivo, Marijuan presentó la denuncia en los tribunales de Comodoro Py, donde por sorteo inicialmente recayó en el juzgado de María Servini y el fiscal Franco Picardi. Tras recibir la denuncia, Servini consideró que debía acumularse, por conexidad con la que ya tenía su par, Julián Ercolini, que investiga a otro grupo más de 253.000 beneficiarios luego de que un informe de la AFIP detectara que cobraban el plan pero tenían, entre otras incompatibilidades, más de una propiedad a su nombre, habían comprado dólares y hasta había personas fallecidas en los listados. Ahora, ambos expedientes tramitan ahora de forma conjunta y están delegados en la fiscalía 8, que subroga Eduardo Taiano.