Los datos fueron revelados por el Ministerio de Seguridad y apuntan a 30 organizaciones sociales denunciadas.

En el último mes, el Gobierno de Javier Milei ha registrado más de 1.500 denuncias diarias en la línea 134, habilitada para informar sobre extorsiones y aprietes para participar en marchas piqueteras. El informe oficial identifica a 30 organizaciones, señaladas por beneficiarios de planes sociales que denuncian el cobro de cuotas mensuales y presiones para asistir a protestas.

La línea 134 fue establecida el 18 de diciembre pasado, cuando la gestión libertaria llevaba 8 días en el poder y estaba a 48 horas de la primera marcha piquetera. Fue aquella marcha del 20 de diciembre, en el que se puso en juego el protocolo antipiquete, básicamente contra las organizaciones de izquierda como el Polo Obrero.

Esta agrupación, que a su vez funciona como el brazo piquetero del Partido Obrero, fue una de las mencionadas en las denuncias. Sin embargo, hay otras muy conocidas también como el Movimiento Evita, la Corriente Clasista y Combativa (más cercanas al kirchnerismo), Barrios de Pie, Libres del Sur y la Agrupación Darío Santillán.

El texto, de 50 páginas, destaca que de las 57.000 denuncias recibidas en 36 días, menos del 10% (aproximadamente 3,900) proporcionaron datos relevantes, como los nombres de organizaciones y referentes involucrados en las extorsiones. Dicho informe se trata del balance “sintético sobre las denuncias recibidas en la línea 134 acerca de instigación o coacción para cortar calles, rutas o avenidas”.

Algunas de las denuncias detalladas por el Gobierno mencionan también presuntos aprietes para participar en la marcha de este miércoles, que acompañará al paro general de la CGT. Tal es el caso del intendente de Tigre, Julio Zamora (Unión por la Patria), acusado de presionar a los puesteros del Puerto de Frutos de su municipio para que asistan a la movilización.