Este martes, a través de una resolución publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Obras Públicas aprobó que las concesionarias de servicios de agua tengan la posibilidad de cambiar la modalidad de cobro del servicio en los edificios y que puedan cobrar a los usuarios de forma individual.

Así, las concesionarias podrían cambiar los medidores globales y pasar a la nueva modalidad de cobro individual bajo el régimen tradicional no medido, por lo que abonaría al consorcio un cargo variable medido, a la vez que dispuso una nueva guía para las instalaciones domiciliarias del servicio de agua.

De esta forma, según indica la resolución, las modificaciones son consecuencia del reclamo de algunos usuarios en audiencias públicas para tener la posibilidad de una facturación individual en los edificios que tienen un medidor global de consumo.

En ese sentido, el nuevo esquema, que permite que los usuarios cuenten con un cargo individual calculado según el régimen no medido de agua, agregará un cargo variable medido dirigido al consorcio, en el caso de que se supere la suma de los equivalentes a las individuales del edificio.

Según indica la resolución, con el objetivo de buscar una “mejora para los usuarios del servicio” de agua, la nueva modalidad de cobro será “voluntaria, optativa y reversible” y solo se podrá llevar adelante en aquellas instalaciones que estén preparadas acorde a lo establecido en la guía.

En línea con la ideología individualista que pregona el Gobierno de La Libertad Avanza, el motivo de la nueva guía es el incentivo de que la modalidad de facturación individual se incorpore en todas las nuevas construcciones de todo el país.

De esta manera, la guía impulsada por la Secretaría de Obras Públicas, que contiene metodologías de cálculo, tablas y medidas para el uso eficiente del agua en los edificios nuevos, apunta a fijar nuevos estándares generales sobre consumo del servicio.

En el caso de los edificios existentes que ya cuentan con medidores globales, las concesionarias dispusieron la exención por cinco años del cobro del cargo a los usuarios y consorcios que tengan intenciones de readecuar sus instalaciones para el nuevo régimen.