La propuesta incluye cuatro proyectos, entre ellos, una nueva Ley Antimafias y cambios en la legislación para incorporar el concepto de “reiterancia” para reducir los delitos.

Este martes, el Gobierno envió al Congreso cuatro proyectos de ley que prometen una revisión integral de las políticas y estrategias actuales para abordar el crimen organizado en la Argentina. Estas propuestas legislativas serán debatidas en los próximos días, con la esperanza de establecer un marco más eficaz y contundente.

El conjunto de herramientas normativas incluye una nueva Ley Antimafias, la creación de un Registro Nacional de Datos Genéticos, la incorporación del concepto de “reiterancia” y modificaciones a la unificación de condenas, concurso de delitos, legítima defensa y cumplimiento del deber.

En lo que respecta a la nueva Ley Antimafias, una de las piezas centrales de esta reforma, se trata de una normativa que fue diseñada para desmantelar organizaciones y también aplicarla a varios delitos. “La ley contra las organizaciones criminales, cambia de cuajo el modelo que hoy significa que vayamos agarrando hormiguita por hormiguita. Ahora vamos por el hormiguero”, explicó Bullrich durante la presentación del proyecto en marzo en la Casa Rosada.

A grandes rasgos, según indicó el Gobierno desde un comunicado, este instrumento está compuesto de cuatro claves.

En principio, se delimita la procedencia del delito para la aplicación de la ley a la comisión de hechos que involucren tipos penales específicos como tráfico de estupefacientes, lavado de dinero, homicidio, secuestro, entre otros, y que estén vinculados a organizaciones criminales. Además, se contempla una pena más alta de 8 a 20 años de prisión o reclusión por la mera pertenencia a la asociación.

En segundo lugar, crea la figura de la Zona de Investigación Especial para una actuación más ágil de los diversos poderes del Estado, permitiendo respuestas más rápidas y efectivas en operaciones e investigaciones.

A su vez, la nueva normativa plantea que la pena por delito más grave que le corresponda a quien cometió el hecho también se aplicará a todos los miembros de la organización.

A fin de menguar los recursos de las organizaciones criminales, se contempla la extinción de dominio de cualquier bien que sea producto de sus actividades para su inmediata transferencia al dominio del Estado Nacional.

Además, se propone la incorporación del concepto de “reiterancia”, un cambio significativo respecto a la legislación vigente sobre reincidencia. Actualmente, se considera reincidente a quienes han sido condenados dos o más veces con penas que implican privación efectiva de la libertad. Con la nueva figura de reiterancia, no será necesario que las penas anteriores hayan sido cumplidas para sumarlas aritméticamente hasta un máximo de 50 años.