De acuerdo a la Cámara Alta, la auditoría que estaban haciendo arrojó “casos extraños” que requieren de un análisis exhaustivo.

Tras la detección de irregularidades en el Senado, la vicepresidenta Victoria Villarruel firmó una resolución para crear una Comisión de Análisis de la Dotación (CAD) que revisará exhaustivamente la plantilla del Senado en un plazo de 30 días.

Desde su llegada al cargo, la titular de la Cámara Alta ha prometido transparencia y eficiencia dentro del órgano legislativo. En este marco, tras una auditoría inicial, se revelaron lo que describen como “casos extraños” que ameritan de un análisis profundo y exhaustivo.

“Hubo nombramientos de contratados que pasaban a empleado transitorio y a planta permanente todo en un mismo acto el año pasado. También gente que cobraba con una tobillera electrónica porque están procesados”, señalan desde el oficialismo de la Cámara Alta.

Como consecuencia de los hallazgos preliminares, se revisarán designaciones en planta permanente, en categorías altas del escalafón, que no cumplieron con los requisitos de la ley, como el de idoneidad y vacancia. De igual manera ocurrirá con los pases por resoluciones consecutivas de personal bajo la modalidad de “contrato de servicios” a la calidad de “temporarios”, con el objeto de otorgarles una planta permanente.

“Está desprolijo transversalmente”, apuntan, sin señalar a ninguna bancada ni área específica.

El equipo de la CAD estará integrado por funcionarios clave que provienen de la secretaría administrativa que comanda María Laura Izzo, la prosecretaría administrativa, la prosecretaría de coordinación operativa, la dirección de recursos humanos y la dirección general de asuntos jurídicos.

Esta comisión no solo se encargará de revisar las contrataciones y promociones, sino también de “optimizar la utilización de los recursos humanos existentes” y “propender a una gestión eficiente y razonable de los recursos públicos, humanos, administrativos”.

Según anticiparon, los actos administrativos irregulares deben ser revocados o sustituidos por razones de ilegitimidad en cualquier momento en sede administrativa.

En este sentido, el caso de la senadora oficialista Vilma Facunda Bedia, quien tuvo que desvincular a varios familiares de su despacho tras la presión política, ejemplifica algunos de los desafíos que Villarruel enfrenta en su cruzada por la reforma y la transparencia.

Este proceso de revisión llega en un momento sensible para el Senado, que recientemente ha estado bajo escrutinio por un notable aumento en las dietas de los senadores, que escaló de $1,9 millones a $4,5 millones, generando un gran descontento público y político.

Ante la reacción adversa, miembros del bloque PRO han solicitado una sesión para revertir este aumento, mientras que el kirchnerismo también ha convocado a una sesión especial para tratar su proyecto que busca limitar los salarios dentro del Estado.

Las auditorías y revisiones del personal no son nuevas en la política argentina; en 2020, Cristina Kirchner realizó acusaciones por “defraudación contra la administración pública y negociaciones incompatibles” contra su predecesora en el manejo del Senado, Gabriela Michetti.

Con estas medidas, Villarruel busca no solo limpiar la imagen del Senado, sino también asegurar una administración más ética y eficiente.