Una investigación dejó al descubierto una presunta estructura piquetera extorsiva que cobraba a los más vulnerables para acceder a planes sociales y alimentos.
Los allanamientos realizados sobre dirigentes piqueteros fueron el resultado de una investigación que detectó una estructura jerárquica de cinco niveles, donde los referentes y delegados piqueteros cobraban hasta cinco veces más que los beneficiarios rasos de planes sociales.
A lo largo de la investigación, la Justicia reveló un sistema extorsivo a través de análisis de escuchas telefónicas y mensajes de WhatsApp, con premios y castigos por participar en marchas, vender alimentos del Estado o realizar otros encargos.
El caso se inició en diciembre del año pasado, cuando el Gobierno habilitó una línea telefónica para denunciar extorsiones de piqueteros para obligar a los beneficiarios de planes sociales a acudir a manifestaciones. En este contexto, se recibieron 13,310 llamadas, de las cuales se atendieron 2,720 y 924 se transformaron en denuncias. La investigación se centró en 45 casos denunciados en la ciudad de Buenos Aires.
Con el avance de la investigación, se realizaron escuchas telefónicas sobre los acusados y se establecieron los mensajes que intercambiaban. Aunque el fiscal solicitó allanamientos, detenciones e indagatorias, el juez prefirió tomar declaraciones testimoniales primero. Finalmente, la Cámara Federal ordenó los allanamientos realizados recientemente.
Los imputados, de quien el fiscal pidió la indagatoria, son Jeremías Cantero, Elizabeth Del Carmen Palma, Gianna Puppo, María Isolda Dotti, Iván Ezequiel Candotti, Gustavo Guillermo Vásquez, Carlos Fernández Kostiuk, Gloria Paraguay Estrada, Dina Patricia Iramain, Brisa Noelia Paucara Choque, Ronald Vargas Rocabado, Elizabeth Galindo Mamani, Cinthya Delgado Vilches, Lesli Salirrosas Castillo, Damariz Erika Villafuerte, Blanca Beatriz Chuquimia Tarquino, Gloria Jaramillo Morales, Lucca Philippe Quispe Rashuaman, Yoao Ariel Escobar Rojas, María Cecilia Cowper, Mercedes Fossat, Manuel Alonso, Lorenzo “Toto” Martelli, Leticia Maribel Duarte Romero, Ada Mabel Vera Peralta, Nilsa Elena Torres, Rossmery Grande Arancibia y Nery Acha Daza.
La investigación identificó tres grupos relacionados con el Plan Potenciar Trabajo: los beneficiarios del plan, quienes exigían dinero a estas personas vulnerables, y quienes se quedaban con la comida gratuita del Gobierno para luego obligar a venderla por la zona. También los forzaban a participar en movilizaciones políticas y a repartir volantes bajo amenaza de perder la prestación social o los alimentos.
En este sentido, se detectó un sistema de control donde se sancionaba a quienes no acudían a las manifestaciones. Para ello, se tomaba asistencia y se elaboraba una “lista de castigados” que debían cumplir nuevas tareas o pagar una multa de hasta 10.000 pesos por ausencia. Asimismo, se les exigía justificar las ausencias con comprobantes, como turnos médicos o trámites, y se les prohibía retirar comida durante cierto tiempo como castigo.
El fiscal Pollicita describió la existencia de estructuras piramidales en cada comedor. En el primer escalón están los que están en “listas de espera” para acceder al Plan Potenciar Trabajo; en el segundo, los “beneficiarios comunes” que reciben la prestación social pero deben pagar dinero y asistir a movilizaciones; en el tercero, personas que reciben el doble de la prestación a cambio de más exigencias; en el cuarto, los “delegados” que dirigen, cobran cuotas y sancionan; y en el quinto, los “referentes” que controlan la recaudación y la asistencia a las movilizaciones.