“La real intención es que los casos penales importantes queden bajo la gestión de un secretario que responda a directivas que no se publican”, acusó el miembro del máximo tribunal.

Los miembros de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda, con el voto en disidencia de Ricardo Lorenzetti, dispusieron la creación “de la Secretaría Penal Especial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, que asumirá varios de los expedientes que actualmente son tratados por la ya existente Secretaría Judicial n° 3.

Entre los fundamentos de la medida, los tres ministros del máximo tribunal que votaron a favor de la nueva disposición, citan el incremento considerable y sostenido de la cantidad de expedientes penales que venían ingresando a la Secretaría Judicial n°3, y que para poder “garantizar la buena administración de justicia” y “para satisfacer eficientemente los crecientes planteos de los justiciables”, se hacía “necesario” crear “una nueva secretaría judicial en materia penal”, para determinadas causas de esa especialidad; a saber: todo lo referido a “juicios de lesa humanidad, competencia originaria, recursos por retardo o denegatoria de justicia y habeas corpus”; también “las contiendas de competencia suscitadas en causas penales que hasta el presente tramitaban ante la Secretaría de Relaciones de Consumo”.

Ricardo Lorenzetti, por su parte, justificó su disidencia con esta acordada señalando que existen otros intereses detrás de “la invocación de principios de buena administración”, y que lo mismo ha sucedido con otras decisiones de la Corte.

“Siento verdadera tristeza por el estado de situación de esta Corte”, expresó Lorenzetti, a la vez que recordó su compromiso con la sociedad y con futuros colegas que se sumarán al Alto Tribunal: “Sendo público y notorio que se ha nominado dos jueces” para la Corte, sería “de buena fe esperar a escuchar su opinión y no consolidar situaciones de hecho para condicionarlos”, afirmó.

En opinión de Lorenzetti, el atraso en el tratamiento de expedientes en la Corte “se debe a la falta de gestión en los acuerdos de ministros”, y no es imputable a los secretarios, “ni tampoco se soluciona con la designación de nuevos funcionarios”. “La redacción de sentencias es una función de los jueces” y por lo tanto la falta de ellas “es (su) responsabilidad” y una función que “se desnaturaliza cuando se desciende al ilusorio deseo de ocupar espacios de poder interno”.

En ese sentido, el Juez apuntó a “la falta de fundamento de una serie de decisiones apresuradas para crear oficinas, direcciones, ingresos de personal, como pocas veces se ha visto en este Tribunal”. Destacó que en cada caso se designa nuevo personal, “sin concurso, en base a la amistad o el parentesco y contrariando las expectativas de austeridad” de la sociedad argentina.

“No hay ninguna justificación para crear una nueva (secretaría penal), excepto la de designar un nuevo secretario, con un altísimo costo y sin concurso alguno”, sentenció.