Lo refleja una investigación reciente que tuvo acceso a documentos de la SIGEN de estas compañías estatales. El Gobierno afirma que inició un proceso de “saneamiento” con fuertes ajustes del gasto.

El Gobierno de Javier Milei inició un proceso de saneamiento de las 11 empresas públicas que el mandatario quiere dejar sujetas a privatización. En algunos casos las pérdidas llegan hasta los $700 mil millones anuales de déficit.

Un informe reciente publicado por el periodista Bruno en TN advierte que las compañías del Estado presentan defectos en su funcionamiento e irregularidades diversas que fueron advertidas en los informes de la Sindicatura General, en las que se detallan anomalías como empleados asignados a tareas improductivas; dependencia financiera del Tesoro para sostener la actividad de la compañía, equipamiento con antigüedad superior a los 20 años y demoras en las aprobaciones de estados contables.

Estas anomalías están siendo analizadas por la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado a cargo de Mauricio González Botto, que suele repetir que para vender una compañía del Estado “primero hay que sanearla”.

Así, la SIGEN marcó en su último informe sobre la Fábrica Argentina de Aviones S.A. con asiento en la provincia de Córdoba la aparición de “horas subutilizadas” debido a que la planta tenía un nivel de actividad mucho menor a su capacidad total. En otras palabras, se estimó en $1.576.412.008 millones las pérdidas en ventas por el costo laboral que representó esta falta de órdenes productivas.

Allí se destaca la falta de política de ventas a privados y como consecuencia de esta situación, una dependencia de la compañía del presupuesto nacional, además de demoras en el cierre de contratos.

Prácticas similares fueron detectadas en Agua y Saneamientos Argentinos (AYSA), donde se determinó que la compañía encargada de proveer los servicios de agua y cloacas para la Ciudad de Buenos Aires y 26 partidos del conurbano bonaerense presenta una dependencia financiera del Estado nacional para ejecutar sus planes de obras, mejoras y servicios. El trabajo del órgano de control marca que “los ingresos por tarifas no cubren el equilibrio económico y financiero”.