Así lo dictaminó la Procuración. Es porque el Gobierno de Milei le recortó el envío de fondos acordado en 1999.

La Corte Suprema de Justicia deberá intervenir como tribunal único en el reclamo de la Provincia de Buenos Aires contra el DNU por el que el Gobierno de Javier Milei dejó de transferirle los fondos para las jubilaciones bonaerenses.

Así lo dictaminó la Procuración General de la Nación, quien se pronunció de esa manera en el marco del pedido de medida cautelar que formuló el gobernador Axel Kicillof ante la decisión de Nación de cortar los aportes para la caja provincial previstos por una ley que atravesó los últimos siete gobiernos.

“La Provincia de Buenos Aires deduce acción declarativa de certeza contra el Estado Nacional con el objeto de que se declare la inconstitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia DNU y que, en consecuencia, el Estado Nacional ‘restablezca las transferencias de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses)”, explicó la procuradora adjunta Laura Monti.

La noticia se conoce en medio del renovado reclamo del Gobierno de Kicillof, que en las últimas horas denunció un “plan sistemático de asfixia económica” a la Provincia por parte de la gestión de Milei, a través de un recorte de $ 5.8 billones en obras y programas. Entre las deudas, la administración provincial destaca los $ 716.109 millones de transferencias que la Anses debió hacerle a la caja provincial.

En concreto, los montos reclamados corresponden a “compensación por el déficit del régimen jubilatorio de la Provincia de Buenos Aires no transferido al Estado Nacional”, a valores actualizados. El régimen se implementó a fines de 1999 cuando se firmó el “Compromiso Federal” (ratificado por ley) por el cual el Estado Nacional “se comprometió a financiar los déficits globales de los sistemas previsionales provinciales no transferidos, con recursos provenientes de rentas generales”.

La aplicación de la norma se mantuvo durante el interinato de Eduardo Duhalde y los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, e incluso se profundizó cuando en 2016, durante la gestión de Mauricio Macri, se dictó la ley de “Reparación Histórica para Jubilados y Pensionados”. También la normativa fue prorrogada por decreto durante el Gobierno de Alberto Fernández.

Sin embargo, la administración libertaria lo interrumpió mediante el DNU al justificar que “no se encuentran comprendidos en dicha prórroga” los artículos que determinan el aporte de Nación a la caja jubilatoria provincial.

“Toda vez que la Provincia de Buenos Aires –a quien le corresponde la competencia originaria de la Corte-, demanda al Estado Nacional, que tiene derecho al fuero federal, entiendo que la única forma de conciliar ambas prerrogativas jurisdiccionales es sustanciar la demanda en esta instancia”, opinó la procuradora adjunta. “En tales condiciones, opino que el proceso debe tramitar ante los estrados del Tribunal”, resumió Monti.