Las viudas de Fernando de la Rúa, Carlos Menem y Roberto Levingston, así como la hija de José María Guido, también cobraron estas asignaciones.
En medio de un debate sobre la recomposición de los haberes jubilatorios impulsado por la oposición en la Cámara de Diputados, las pensiones vitalicias de ex presidentes han vuelto al centro de la polémica.
Una nota reciente firmada por la periodista Mariel Fitz Patrick en Infobae, revela que el Estado argentino paga nueve pensiones vitalicias a ex presidentes y vicepresidentes, además de otras cuatro a viudas y una hija de ex mandatarios.
Los montos oscilan entre $5 millones y $21 millones, siendo Cristina Kirchner la más beneficiada, percibiendo doble asignación por ser ex presidenta y viuda de Néstor Kirchner.
Estas pensiones están establecidas por la ley 24.018 y son equivalentes a la remuneración de los jueces de la Corte Suprema de Justicia.
El presidente Javier Milei, que en su discurso de apertura en el Congreso prometió derogar estas pensiones, criticó fuertemente la decisión del Congreso de mantenerlas.
Tras la reciente aprobación de una recomposición jubilatoria, el artículo que proponía eliminar las pensiones de privilegio fue rechazado, lo que motivó a Milei a renunciar públicamente a su derecho a esta asignación.
En mayo, las 13 pensiones de privilegio sumaron $112.323.691 en bruto, un monto equivalente a 432 jubilaciones mínimas, según datos de la ANSES. Cristina Kirchner recibió $21.629.116 en bruto, mientras que otros ex mandatarios como Alberto Fernández y Mauricio Macri también percibieron montos significativos.
Ex vicepresidentes como Gabriela Michetti, Julio Cobos y Amado Boudou también reciben estas pensiones, a pesar de las controversias legales y éticas que rodean a algunos de ellos. Viudas de ex presidentes como Zulema Yoma y María Estela Martínez de Perón, así como la hija de José María Guido, también están entre las beneficiarias de estas pensiones vitalicias.
Esta situación ha generado críticas sobre el gasto público y la necesidad de reformas que eliminen estos beneficios considerados excesivos en un contexto económico desafiante para la mayoría de los jubilados argentinos.