Un fiscal federal presentó la demanda contra el ex presidente y los ex directores de la Agencia Nacional de Discapacidad, por “flexibilizar el proceso de otorgamiento” de las asignaciones.
Una nueva investigación judicial se cierne sobre el ex presidente de la Nación, Alberto Fernández, está vez se trata de una denuncia por el crecimiento exponencial en las pensiones por invalidez durante su mandato. Según un relevamiento llevado a cabo por la gestión libertaria entre 2020 y 2023 se otorgaron casi 300 mil beneficios.
Por ello el fiscal federal Guillermo Marijuan, incluye en la denuncia decretos y resoluciones mediante los cuales se habrían flexibilizado los criterios para otorgar dichos beneficios. “Se detectaron personas que no solo no tenían la condición de invalidez laboral, sino que en muchos casos ni siquiera tenían una condición médica de discapacidad”, indica el informe.
“Existía un plan sistemático desplegado en el periodo comprendido entre los años 2020 y 2023, consistente en el dictado de normas tendientes a flexibilizar el proceso de otorgamiento de las Pensiones No Contributivas por Invalidez para permitir la entrega masiva e irregular de tales beneficios destinándolo especialmente a cuestiones políticas de favores con gobernadores e intendentes”, sostiene el fiscal en su argumento.
Según la investigación de Marijuán, en ese periodo de tres años, se otorgaron casi 300 mil nuevos beneficios “lo cual reflejó un crecimiento exponencial en la concesión de aquellos de más del 1.500%, pues de 79.581 casos asignados en el año 2003 se habría ascendido a 1.222.882 prestaciones conferidas en la actualidad”.
Para el funcionario judicial, la primera sospecha es la resolución 8/2020, firmada el 30 de enero de 2020, por el entonces presidente Fernández, que “avaló el inicio del trámite para acceder al beneficio en cuestión aun cuando no se acompañe el Certificado Médico Oficial y modificó los parámetros para la determinación del estado socioeconómico y de vulnerabilidad de las peticiones atinentes para el otorgamiento, denegación, suspensión y caducidad de las pensiones señaladas”.
En otro tramo de la denuncia Marijuan punta a los “favores políticos”, ya que destaca 259 operativos de alta masiva de pensiones que se hicieron en las provincias gobernadas por el peronismo, como: Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, Misiones y Buenos Aires.
“En las provincias en las que el Gobernador no era “amigo”, por ejemplo, Corrientes, posiblemente acordaban sus planes con los intendentes”, indica la presentación judicial. Además, del ex líder del Frente de Todos, la denuncia incluye a los ex Directores Ejecutivos de la Agencia Nacional de Discapacidad, Claudio Flavio Augusto Esposito y Fernando Gastón Galarraga. Así como a la ex Directora Nacional de Apoyo y Asignaciones Económicas, Paula Martínez.