La iniciativa, anunciada por los ministros Bullrich y Cúneo Libarona, busca reducir la edad de imputabilidad de 16 a 13 años.

El proyecto de ley para modificar la edad de imputabilidad de 16 a 13 años fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, tal como anunciaron los ministros Patricia Bullrich (Seguridad) y Mariano Cúneo Libarona (Justicia).

El nuevo Régimen Penal Juvenil, que ingresó a la Cámara de Diputados y será debatido después del receso de invierno, lleva las firmas del presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete Guillermo Francos, y los ministros Bullrich y Cúneo Libarona.

El proyecto consta de 52 artículos y se suma a otros ocho proyectos presentados por diferentes fuerzas políticas como La Libertad Avanza, el PRO, la UCR, Hacemos Coalición Federal y Unión por la Patria.

El primer artículo establece un régimen penal “aplicable a las personas adolescentes, desde los 13 años de edad hasta las cero horas del día en que cumplan 18 años de edad, cuando fueran imputadas por un hecho tipificado como delito en el Código Penal o en las leyes penales especiales vigentes o que se dicten en el futuro”. Según aclara, se tomará en cuenta la edad al momento del delito.

El proyecto tiene como objetivo “fomentar en el adolescente imputado el sentido de la responsabilidad legal por sus actos y lograr su educación, resocialización e integración social”.

En línea con la Convención sobre los Derechos del Niño, la modificación define principios rectores, derechos y garantías, tanto para los jóvenes como para las víctimas y personas perjudicadas, y establece penas y medidas alternativas, supervisadas por organismos estatales competentes.

En casos donde el delito cometido por un adolescente tiene una pena de entre 3 y 6 años de prisión, y bajo ciertas circunstancias como la ausencia de muerte o “una grave violencia física o psíquica” sobre la víctima, o si se trata de delitos culposos; se podrán aplicar sanciones alternativas como amonestaciones, prohibiciones de contacto, prestación de servicios comunitarios o monitoreo electrónico, en lugar de la prisión.

“La situación de los menores en conflicto con la ley penal es uno de los graves problemas que hoy atraviesa la sociedad argentina y su abordaje requiere una solución integral que contemple no solo la cuestión punitiva, sino también medidas estatales que acompañen al adolescente luego, con el objeto de que obtenga un futuro con integración social y trabajo, comprensión y arrepentimiento por la conducta punible perpetrada”, sostiene el texto del Ejecutivo.

En ese sentido, remarca que “actualmente, los delitos cometidos por adolescentes de menos de 16 años quedan impunes” y “esta circunstancia genera una situación de injusticia, que perciben tanto las víctimas como la sociedad en general”, por lo cual “es imperativo que nuestro sistema legal asegure que aquellos que cometen delitos sean responsables por sus acciones”.