La puja por definir si una planta de licuefacción de gas natural se instala en el puerto de Bahía Blanca, como originalmente preveía el proyecto, o en Río Negro, posibilidad que surgió luego de que Javier Milei asumiera la presidencia, registró en los últimos días una serie de movimientos que llamaron la atención a quienes siguen de cerca el proceso de decisión.

Una primera cuestión es la notoria coincidencia entre la realización de algunas diligencias en una causa que llevaba tiempo sin movimientos y la amplificación de esos mismos trámites tribunalicios por parte de cierta prensa nacional, justo cuando el lobby para torcer el destino bonaerense de la inversión alcanza su máxima intensidad.

Esa coincidencia, llamativa, obliga a poner la lupa sobre el modo en que se moverá la Justicia de Bahía Blanca: lo que está en juego es la realización de un proyecto de tal magnitud que podría cambiar la matriz económica de la Argentina, lo que exige que los poderes de la democracia estén a la altura.

El Gobierno bonaerense viene advirtiendo sobre la posibilidad de que la decisión sobre la radicación del proyecto se toma sobre la base de preferencias y afinidades políticas y no de criterios técnicos, en el entendimiento de que estos últimos, que son imparciales, indican que Bahía Blanca, y no Punta Colorada, es el lugar más indicado.

“Por eso, la Justicia no debe entorpecer el procedimiento, un traslado al terreno judicial de una discusión que debe ser técnica sería parte de una politización que le quitaría transparencia al proceso y había menos estable la decisión final”, indicaron a DIB fuentes que siguen de cerca las negociaciones.

En paralelo, la contratación por parte de YPF de una consultora internacional, un trámite que recién se anuncia ahora, en el tramo final del proceso adjudicatorio, es otra novedad que suscitó comentarios.

En el mercado de los hidrocarburos pusieron el foco en ciertos vínculos de esa empresa, que en teoría debería ser la garante de la transparencia, y algunas compañías que son peso pesado del sector.

Los medios, la Justicia y el control de gestión deben actuar con profesionalismo e imparcialidad en este tema, porque está en juego una inversión de al menos 30 mil millones de dólares, no se puede dejar dudas que empañen a futuro el funcionamiento de la planta de GNL, eso afectaría la seguridad jurídica imprescindible en una operación de este tipo, explicaron a esta agencia fuentes del mercado energético.