La secretaria privada del expresidente intercedió para que su esposo recuperara la póliza de la Cancillería. Como resultado, el ministerio canceló el seguro vigente y contrató a Martínez Sosa.

El broker Héctor Martínez Sosa se dedicó a conseguir los contratos públicos que deseaba. Alberto Fernández ya había firmado el Decreto 823/2021, que obligaba a los organismos del Estado a contratar exclusivamente con Nación Seguros. En este proceso intervinieron varios intermediarios.

Martínez Sosa, amigo del presidente, estaba especialmente interesado en el contrato con la Cancillería. Para lograrlo, su esposa, María Cantero, quien es secretaria privada de Alberto Fernández, intervino ante Santiago Cafiero para dar de baja al broker inicialmente elegido y así favorecer a Martínez Sosa.

El juez federal Julián Ercolini y el fiscal Carlos Rívolo están investigando las presuntas irregularidades relacionadas con este Decreto, que impuso la obligatoriedad de contratar seguros exclusivamente a través de Nación Seguros. Esta medida facilitó la segunda parte de la maniobra: la intervención de intermediarios en esos contratos.

En el expediente se investigan dos posibles delitos: el pago de comisiones que podrían haber superado los valores de mercado y un posible direccionamiento en la selección de los brokers para los 45 contratos en cuestión.

Durante la presidencia de Alberto Fernández, se abonaron 3.453.302,77 pesos en comisiones a intermediarios, lo que equivale a aproximadamente 17 millones de dólares al tipo de cambio oficial.

El juez observó que había varias contrataciones realizadas antes del Decreto de 2021, lo que amplía la investigación a toda la presidencia de Alberto Fernández.

Antes del inicio de la feria judicial de invierno, la investigación incorporó un archivo de 424 páginas que detalla las conversaciones entre María Cantero y su esposo, Héctor Martínez Sosa, a lo largo de toda la presidencia de Alberto Fernández. Esas charlas exponen lo que las fuentes judiciales definen como un “mecanismo aceitado” para “avanzar con su negociado”.

La justicia federal encontró en los mensajes de WhatsApp la confirmación de la hipótesis del expediente: una estructura montada para beneficio personal en perjuicio de los intereses del Estado. Para el juez Ercolini, según expresó en diversas resoluciones, Alberto Fernández “privó al Estado de un proceso transparente” a la hora de contratar seguros. La sospecha central es que fue un sistema direccionado a favor del amigo del ex Presidente.

Para lograr avanzar en lo que el matrimonio denominó una PyME, María Cantero cumplió un rol clave. “Fue intermediaria, armó reuniones, destrabó situaciones”. Todas esas acciones tenían una única finalidad: que Héctor Martínez Sosa acumulara la mayor cantidad de contratos.