Se le pidió al juez Julián Ercolini que se realice un análisis exhaustivo del teléfono del expresidente, que fue secuestrado tras la denuncia de violencia de género de Fabiola Yáñez.

El expresidente Alberto Fernández enfrentó un nuevo revés judicial luego de que el fiscal Carlos Rívolo solicitara este viernes al juez Julián Ercolini la autorización para analizar su teléfono celular, con el fin de buscar evidencia en la investigación que lo involucra en un presunto esquema de corrupción relacionado con seguros.

El dispositivo fue inicialmente secuestrado en el marco de la denuncia por violencia de género que presentó su expareja, Fabiola Yáñez, luego de que el exmandatario violara la orden de no comunicarse con ella. Ahora, este mismo teléfono podría contener información crucial para la causa de corrupción que se sigue en su contra.

El fiscal Rívolo argumentó que la tecnología utilizada para extraer datos de dispositivos móviles suele recuperar la totalidad del contenido, lo que podría revelar pruebas de interés para la investigación sobre los negocios oscuros en el sector de seguros. Esta solicitud marca un paso significativo en el proceso judicial contra el expresidente, cuyo teléfono no había sido requisado en el contexto de la causa de los seguros, a diferencia de otros investigados como el bróker Héctor Martínez Sosa y su esposa, María Cantero.

El juez Ercolini, quien lidera ambas investigaciones, separó las pruebas obtenidas del teléfono de Fernández en un legajo independiente, a la espera de un análisis detallado.

Entre las medidas cautelares impuestas tras la denuncia de Yáñez, el exmandatario tiene prohibido todo tipo de contacto con ella y no puede salir del país, además de estar restringido a un radio de 500 metros de la ex primera dama, pese a que esta reside actualmente en España.

El análisis del celular podría arrojar nuevas luces sobre la relación entre ambos casos y cómo las comunicaciones y posibles transacciones documentadas en el dispositivo podrían ser relevantes para las acusaciones de corrupción.

A medida que avanzan las investigaciones, la situación legal de Fernández se complica, sumando presión tanto en el ámbito político como judicial. Las pruebas que se obtengan del análisis del celular podrían ser determinantes en ambas causas, definiendo el futuro inmediato del exmandatario.