Con esta medida, el Presidente busca dejar en claro que no cederá ante lo que considera presiones de la “casta”.

El presidente Javier Milei firmó un veto total a la ley de jubilaciones, que había sido aprobada con amplia mayoría en el Senado, como un gesto de autoridad y firmeza frente al Congreso. Este veto, que será publicado oficialmente el lunes, fue decidido tras un día de intensas reuniones en la Casa Rosada, donde Milei y su equipo, junto a representantes del PRO y el MID, discutieron las implicancias económicas de la ley y optaron por rechazarla completamente en lugar de buscar una salida negociada.

El principal argumento del veto radica en el impacto fiscal que la ley tendría, según el Gobierno, y en la necesidad de preservar el equilibrio fiscal. A pesar de que en conversaciones previas se había contemplado la posibilidad de vetar solo algunos artículos de la ley, Milei decidió finalmente avanzar con un veto total para enviar un mensaje claro de que no cederá ante lo que considera presiones de la “casta política”.

La decisión fue respaldada por los diputados de los bloques aliados, quienes se comprometieron a defender el veto en la Cámara baja, donde el Gobierno confía en que no se alcanzarán los votos necesarios para revertirlo. Este movimiento se da en un contexto en el que el Ejecutivo sufrió varios reveses en el Congreso, lo que llevó a Milei a buscar reafirmar su autoridad mediante esta medida.

Durante la jornada, se consideró la posibilidad de que Milei realizara una cadena nacional para explicar los motivos de su veto, pero finalmente se optó por una serie de entrevistas mediáticas en las que el Presidente criticó duramente a la oposición por intentar, según él, “romper el superávit fiscal y el Gobierno“.

El rechazo de Milei a la ley de jubilaciones se fundamenta en la preocupación por el impacto económico y en el cumplimiento de la Ley de Administración Financiera. En caso de que los legisladores quieran mantener el artículo que otorga un aumento del 8,1% a los jubilados, el Gobierno sugirió que presenten un nuevo proyecto de ley exclusivamente para ese propósito, dejando cualquier otra negociación pendiente para la discusión del Presupuesto 2025.