A través de un decreto, Milei limitó la información que puede ser requerida sobre los funcionarios y su accionar en el ámbito de la administración pública.

En un nuevo ataque a la prensa y la libertad de informar libremente, el gobierno de Javier Milei, modificó a través de un decreto de necesidad y urgencia (DNU) la Ley de Acceso a la Información Pública, restringiendo los datos que pueden ser solicitados sobre funcionarios y la administración pública.

Se trata de una modificación que limita los pedidos de información pública por parte de medios de comunicación, organizaciones o ciudadanos, que hasta ahora era parte de la libertad de poner en conocimiento, tanto las acciones de los funcionarios, como algunas de sus decisiones o medidas que afectan al total de los argentinos.

De este modo, la nueva reglamentación de la gestión literaria, pretende delimitar “el alcance del concepto de ‘información pública’, que comprende cuestiones de interés público ligadas a la actividad estatal y su control, y excluye por su propia naturaleza a la información que hace al ámbito privado del funcionario o magistrado, especialmente cuando la solicitud pretende ingresar a una esfera típicamente doméstica”, según indica el texto firmado por Milei.

“La violación al principio de buena fe por parte de todos los actores intervinientes configura el supuesto previsto en el artículo 10 del Código Civil y Comercial de la Nación”, sentencia el nuevo régimen apoyado por el Gobierno, que habilita además, a la Justicia a imponer “indemnizaciones” sobre quienes hagan un ejercicio “abusivo” de este derecho.