Casación ratificó la condena de primera instancia y confirmó la defraudación a la administración pública en 58 oportunidades, en concurso ideal con uso de documentos falsos, entre los años 2009 y 2012.
El Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires ratificó la condena contra Jorge Abel Fernández, Walter Daniel Fernández y Marcelo Roberto Porto, por defraudación a la administración pública en 58 oportunidades, en concurso ideal con uso de documentos falsos, entre los años 2009 y 2012. El Tribunal de segunda instancia con especialidad en materia penal avaló lo obrado en el juicio oral, y desestimó el pedido de absolución que solicitaba el ex intendente.
Así, la Sala Quinta del Tribunal de Casación Penal bonaerense, con los jueces Carlos A. Natiello y Mario E. Kohen, ratificó la culpabilidad de Jorge Abel Fernández, Walter Daniel Fernández y Marcelo Roberto Porto y dejó fehacientemente acreditado (en el veredicto del Tribunal de Junín) que los encausados perpetraron hechos de defraudación a la administración pública mediante el uso de documentación falsa, mientras se desempeñaban como funcionarios municipales, en detrimento del pueblo de Lincoln.
Tras comparecer en juicio oral, Jorge Abel Fernández fue condenado por el Tribunal Oral Criminal Nº 1 de Junín a la pena de 6 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el ejercicio de la función pública. Ahora, Casación ratificó la condena de primera instancia y confirmó la defraudación a la administración pública en 58 oportunidades, en concurso ideal con uso de documentos falsos, entre los años 2009 y 2012.
Según consta la resolución de Natiello y Kohen, el tribunal de Casación Penal coincide que, a partir de la prueba producida en el juicio oral, “se vio reflejado cómo al abrigo de la estructura del Departamento Ejecutivo de Lincoln, los funcionarios aquí encausados, entre otros, pergeñaron un plan para llevar a cabo numerosas e indeterminadas maniobras a partir de la confección de falsos procesos de adquisición de bienes y servicios que generaron un considerable perjuicio económico a las arcas públicas”.
Lo obrado en el Tribunal de primera instancia fue ratificado (salvo el cargo por “asociación ilícita” y por un tecnicismo), dando lugar ahora a que los magistrados que actuaron dispongan la adecuación de la condena por los 58 casos de defraudación probados, ajustando los años de prisión conforme a los delitos sustanciados en concurso real contra las arcas municipales. O sea, que si por 59 hechos punibles Fernández y compañía fueron condenados a seis años de prisión, por 58 hechos la pena debería ser eventualmente menor.
El intendente Salvador Serenal -en representación de la Municipalidad de Lincoln como particular damnificado- se pronunció respecto a la resolución del Tribunal de Casación. “Es contundente porque reconoce la existencia de delito en 58 de los 59 hechos que fueron probados durante el juicio en los Tribunales de Junín. Eso habla a las claras de que estos inescrupulosos accionaron contra el pueblo de Lincoln, adulterando documentación pública, utilizando proveedores truchos y realizando maniobras totalmente delictivas para desviar dinero de las arcas municipales en su beneficio”.
A su vez, Salvador Serenal señaló: “En un país donde los honestos tienen que dar más explicaciones que los corruptos, como alguna vez dijo René Favaloro, se hizo justicia para que los vecinos de Lincoln sepan de verdad de qué manera se ha cometido el engaño, el robo y el descaro, actuando con impunidad; impunidad que el día de hoy empieza a terminar”.