El ministro de Economía aseguró que el Ejecutivo acudirá a la Justicia si el Congreso rechaza el veto presidencial sobre la ley de financiamiento universitario.
El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó en una entrevista con La Nación + que el Gobierno está dispuesto a acudir a la Justicia si el Congreso rechaza el veto presidencial a la ley de financiamiento universitario. “Están presentando un gasto sin contrapartida, vamos a apelar, probablemente en la justicia, siempre en el marco de la ley. Lo que proponemos es debatir dentro del marco que corresponda, que es el Presupuesto 2025″, declaró el funcionario libertario.
Además de este anuncio, el ministro anticipó que el Gobierno cerrará el Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento (Enohsa), un organismo que ha jugado un papel central en la ejecución de obras públicas en todo el país. El Enohsa, creado en 1995 durante la administración de Carlos Menem, se dedica a planificar, ejecutar y gestionar proyectos de infraestructura hídrica y sanitaria en Argentina. También supervisa la calidad del agua potable y del servicio de saneamiento en las distintas provincias.
La decisión de cerrar el Enohsa, según Caputo, se alinea con la política de ajuste y reducción del gasto público impulsada por el Gobierno para mejorar la eficiencia en la gestión de recursos. Durante la gestión de Alberto Fernández, el Enohsa fue utilizado para facilitar recursos y obras principalmente en provincias y municipios alineados políticamente con la administración nacional. “Lo que buscamos es garantizar que el financiamiento se realice de forma transparente y sin sesgos partidarios”, sostuvo Caputo.
Historia y rol del Enohsa
El Enohsa se presenta como una entidad complementaria de AySA, con competencias para proporcionar asistencia técnica y financiera, así como para promover la investigación y el desarrollo tecnológico en el sector hídrico y sanitario. Además, el organismo se ha encargado de difundir información sobre la importancia del agua apta para consumo y saneamiento, y de capacitar a los trabajadores de este ámbito.
En términos prácticos, el organismo ha servido para canalizar recursos hacia obras clave en varias provincias y municipios, especialmente aquellos gobernados por funcionarios alineados con el oficialismo. Su disolución, sin embargo, genera controversia y debate sobre cómo se llevará adelante la gestión de obras hídricas y sanitarias en el futuro.
El anuncio de Caputo no pasó desapercibido en el ámbito político. Desde sectores opositores, se cuestiona la medida como una jugada para concentrar aún más el control de los recursos públicos en manos del Ejecutivo, mientras que algunos oficialistas defienden la iniciativa como necesaria para ordenar el gasto y mejorar la eficiencia en la administración de las obras públicas.
Por otro lado, el veto a la ley de financiamiento universitario también generó críticas. La normativa, que había sido impulsada por legisladores opositores y contaba con el apoyo de organizaciones estudiantiles, buscaba asegurar fondos adicionales para universidades públicas, algo que el oficialismo considera inviable en el contexto actual de restricciones presupuestarias.