La ministra de Seguridad negó las acusaciones del dirigente social sobre un allanamiento ilegal en la vivienda de la extitular del FISU y apuntó contra la gestión de Axel Kicillof en la Provincia de Buenos Aires.
En medio de la polémica generada por el allanamiento en la casa de Fernanda Miño, ex titular del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), el dirigente social Juan Grabois acusó al gobierno de realizar un operativo ilegal y represivo. Frente a estas acusaciones, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, respondió rápidamente a través de sus redes sociales, aclarando que la responsabilidad del operativo recaía sobre la Policía de la Provincia de Buenos Aires y no sobre la administración nacional.
“El operativo que reclamás fue de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que tengas que reclamar, hacéselo a tu amigo Axel Kicillof”, escribió Bullrich en su cuenta de X, generando una fuerte repercusión en las redes.
La reacción de Bullrich llegó tras la publicación de un video en el que Grabois criticaba duramente el accionar policial. En el material audiovisual, el dirigente relató cómo un grupo de efectivos encapuchados y armados ingresó de forma violenta a la casa de Miño en Villa La Cava, San Isidro, la noche anterior, cuando ella regresaba de un evento político. Según el dirigente piquetero, los policías impidieron que Miño se comunicara con su abogado y no ofrecieron detalles sobre la causa del allanamiento. Además, denunció que Miño y sus hijas fueron agredidas durante el operativo.
Grabois, líder del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y del Frente Patria Grande, subrayó en su mensaje: “Este es un accionar propio de la dictadura. Hacemos responsable al gobierno de este atropello a los derechos humanos.” Más tarde, actualizó la situación indicando que los efectivos se retiraron a los cinco minutos, pero que sus “cómplices” permanecieron en la zona generando disturbios y violencia.
Allanamiento en Villa La Cava: la versión policial
Por otro lado, fuentes de la Policía Bonaerense afirmaron que el operativo se llevó a cabo en el marco de una investigación judicial por un robo armado con disparos en la zona, asegurando que el accionar policial fue completamente legal y que se realizó bajo el pedido de la Justicia. Según los agentes, las acciones fueron supervisadas para garantizar que se desarrollaran dentro del marco de la ley.
Sin embargo, Grabois insistió en que el procedimiento fue manipulado políticamente para perjudicar a Miño. “¿Nos quieren hacer creer que todo esto fue por el robo de una moto? Justo cuando Fernanda regresaba de una actividad política y social, es obvio que esto es un montaje,” declaró en su video.
Los fondos del FISU en la mira
Fernanda Miño, quien estuvo al frente del Fondo de Integración Socio Urbana durante la gestión del Frente de Todos, ha sido blanco de polémica en los últimos meses. El FISU, creado para financiar obras de urbanización en barrios populares con fondos del impuesto PAIS y de organizaciones internacionales, ha estado bajo escrutinio luego de que el Gobierno actual denunciara irregularidades en la ejecución de los proyectos.
Según datos oficiales, de las 6517 obras reportadas, solo 400 se encuentran finalizadas, mientras que la mayoría sigue en ejecución o en etapa de contratación. El fideicomiso gestionado por Miño y su equipo recibió fondos millonarios, pero el avance de las obras ha sido cuestionado por su lenta implementación y falta de resultados concretos.
A inicios de este año, el gobierno de Patricia Bullrich denunció que Miño habría malversado una parte de los $200.000 millones que se utilizaron durante la gestión anterior. El escándalo, sumado a las denuncias recientes de Grabois, ha generado tensión política entre los sectores que defienden la transparencia en el uso de fondos públicos y aquellos que denuncian persecución judicial y policial.