El ministro Sturzenegger dio más detalles del examen de idoneidad a los trabajadores del estado nacional.

El ministro de Desregulación Federico Sturzenegger dio este viernes detalles sobre el examen de idoneidad estandarizado que tomará el Gobierno a 40 mil empleados de la planta transitoria y contratados pública nacional, herramienta que deberán aprobar para seguir trabajando en el Estado.

El examen comenzará en diciembre y en principio abarcará a cerca de 40.000 empleados públicos a los que se les vencen los contratos y, según el ministro, será “apolítico”.

“Como en la administración pública tenemos unas 180 mil personas de los cuales 60 mil son contratos transitorios que vencen en diciembre, les vamos a tomar un examen a 40 mil personas. El empleo público tiene el beneficio de la estabilidad pero un requisito que es la idoneidad”, señaló Sturzenegger.

Ahora bien, si bien los contratos que se vencen son 60 mil y se tomarán 40 mil exámenes, hay 20 mil trabajadores que quedarán en un limbo. Y ese es el temor de los sindicatos, como la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), que vienen denunciando que el Gobierno avanzará con un fuerte recorte en los próximos meses.

“Vamos a estar testeando con un examen, lo va a corregir una computadora, es totalmente apolítico, estrictamente de idoneidad”, detalló el ministro, frente a la fuerte oposición de los sindicatos de estatales. “El proceso de reducción del Estado y eliminación de competencias está recién empezando”, advirtió agregó.

Días atrás, el secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, rechazó la prueba de idoneidad que anunció el Gobierno e hizo hincapié que muchos de los contratados llevan años en esa situación. “¿Después de 5, 10, 15 y hasta 20 años de trabajo les quieren tomar examen?”, se preguntó. Y agregó que se trata de “un invento trucho e ilegal que consolida el fraude laboral en el Estado”.

Según la información que manejan en los gremios, de los más de 30 mil empleados despedidos desde que asumió Javier Milei, el 36% pertenece a la administración centralizada; el 28,43% a organismos descentralizados, mientras que otro 30,36% trabaja en las sociedades del Estado.