El valor de mercado de las estancias de Víctor Manzanares, ubicadas en Santa Cruz, podría alcanzar los 40 millones de dólares.

El gobierno de Javier Milei anunció la subasta de dos estancias en Santa Cruz que pertenecían a Víctor Manzanares, el contador histórico de los Kirchner. Estas propiedades forman parte de los bienes decomisados ​​en la causa Cuadernos de las Coimas, en la que se investigan maniobras de lavado de dinero vinculadas a la corrupción durante la gestión kirchnerista. La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) ya intentó tomar posesión de las estancias, pero debido a condiciones climáticas, la misión fue postergada para noviembre.

Las estancias en cuestión son “Santa Lucía”, una propiedad de 20.000 hectáreas en Tres Lagos, y “El Rincón”, de 6.712 hectáreas, ubicadas cerca de El Calafate, un lugar emblemático para la familia Kirchner. Ambas propiedades están deshabitadas y en estado de abandono, y su valor de mercado podría alcanzar los 40 millones de dólares. La AABE busca subastarlas como parte de su política de venta de bienes confiscados en casos de corrupción.

Manzanares, que se declaró testaferro de Daniel Muñoz, ex secretario de Néstor Kirchner, aportó información clave sobre el esquema de lavado de dinero diseñado para ocultar el patrimonio de los Kirchner. Muñoz llegó a manejar entre 500 y 600 millones de dólares a través de empresas offshore y la compra de propiedades, muchas de las cuales fueron decomisadas por el Estado.

Además de las estancias en Santa Cruz, el Estado ya subastó una propiedad vinculada a Madaco SA, una empresa asociada a Manzanares y Muñoz, en Buenos Aires. La venta de esta propiedad alcanzó los 168.000 dólares, mientras que otros inmuebles no lograron ser vendidos y volverán a ser publicados para futuras subastas. Estas propiedades forman parte de un conjunto de 23 bienes distribuidos en Argentina y Miami.

El dinero recaudado en estas subastas se destinará a una cuenta especial del Tesoro Nacional para financiar iniciativas como la lucha contra el narcotráfico, la rehabilitación de personas afectadas por el consumo de drogas, programas de salud y capacitación laboral. La subasta de los bienes incautados podría generar ingresos millonarios para el Estado, contribuyendo a financiar diversas políticas públicas.