Es por una demanda que iniciaron don fondos de inversión que no entraron en la operación de 2021. "“Es importante recordar que el proceso de reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires concluido en 2021 permitió canjear el 98% de los bonos”, dijeron desde el gobierno.

La Justicia de Nueva York ordenó al gobierno de la Provincia de Buenos Aires a pagar casi U$S 125 millones a dos fondos que la demandaron tras no adherirse al canje de deuda que se lanzó en el año 2020.

El fallo es de la Corte del Distrito Sur de Nueva York por las demandas que iniciaron los fondos Glacial Capital y TRSE Holdings, quienes reclamaron a la gestión de Axel Kicillof el pago de U$S 27 millones luego de no adherir al canje de deuda provincial impulsado en 2020.

Ambos fondos forman parte del 2% que no aceptaron la propuesta bonaerense lanzada un 14 de mayo de 2020, donde la Provincia había entrado en un “evento de default” al decidir no pagar un vencimiento de US$ 115 millones. En ese momento, argumentó que había comenzado a negociar la reestructuración del total de deuda bajo legislación extranjera, que acumulaba US$ 7.148 millones.

Fuentes del gobierno bonaerense aseguraron a DIB que “la Provincia viene trabajando de buena fe para regularizar en un 100% de forma sostenible la situación de su deuda con acreedores bajo ley extranjera, y lo seguirá haciendo de una manera acorde al contexto económico provincial actual”.

“Es importante recordar que el proceso de reestructuración de la deuda de la provincia de Buenos Aires concluido en 2021 permitió canjear el 98% de los bonos, y resolver de esa forma el problema de insostenibilidad de deuda existente”, agregaron.

Esta noticia se da el mismo día que el gobernador Kicillof brindó un reportaje al periódico británico Financial Times en el que planteó su diferencia de modelo con Javier Milei. “Los argentinos todavía aman al Estado grande a pesar de Milei”, manifestó.

También se hizo referencia a la estatización de YPF, donde también un tribunal de Nueva York fijó en U$S 16 mil millones los daños y perjuicios causados por la expropiación que deberá pagar Argentina. El gobernador defendió la nacionalización de la petrolera por “el declive absoluto” de su producción en los años previos y aclaró que estaba actuando de acuerdo a lo que permitía el marco legal.

“Algunos afirmaron que los estatutos de YPF, que fueron redactados por quienes privatizaron la empresa, eran más importantes que la Constitución argentina”, señaló.