Una fuente cercana a la Cámara Federal de Casación Penal afirmó que algunos magistrados están recibiendo aprietes y amenazas para inclinar el fallo en favor de  Cristina Fernández.

En las últimas horas, el periodista Eduardo Feinmann encendió las alarmas al revelar en su cuenta de Twitter que se estarían ejerciendo presiones y amenazas sobre algunos miembros de la Cámara Federal de Casación Penal, con el objetivo de modificar la decisión en el fallo contra la exvicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

El conductor afirmó que una alta fuente del Tribunal de segunda le confirmó la existencia de “aprietes, amenazas y extorsiones” hacia jueces que deberán resolver si confirman o modifican la condena contra la exmandataria. La gravedad de estas revelaciones ha generado una fuerte repercusión en el ámbito político y judicial.

El próximo 13 de noviembre es la fecha en la que la Cámara Federal de Casación tiene previsto comunicar si mantiene la sentencia a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, dictada en diciembre de 2022, o si acepta el pedido de la fiscalía de incluir el cargo de asociación ilícita, lo cual podría elevar la pena hasta 12 años de prisión. Los jueces encargados del fallo —Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña— se encuentran, según la información brindada, en el centro de una serie de presiones para beneficiar a Cristina.

La causa Vialidad, que se convirtió en uno de los procesos judiciales más mediáticos del país, involucra a Cristina Kirchner y varios exfuncionarios, acusados de corrupción en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. La investigación, llevada adelante por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola, detalla una serie de irregularidades en licitaciones que favorecieron a empresas de Lázaro Báez, empresario vinculado a la familia Kirchner. Durante el juicio de 2022, la fiscalía expuso pruebas que apuntan a una maniobra de desvío de fondos, favoreciendo a Báez con contratos millonarios.