El oficialismo presentó un proyecto que busca revolucionar el sistema electoral. Propone terminar con las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias, modificar la ley de los partidos políticos y ajustar el financiamiento de las campañas. Todo, en el marco de una fuerte crítica a los costos y la representatividad del sistema actual.
El Gobierno nacional anunció su intención de modificar de manera integral el esquema electoral del país. Según detalló el vocero presidencial, Manuel Adorni, el proyecto de “Ley de Reforma para el Fortalecimiento Electoral” será enviado al Congreso en los próximos días y contempla tres cambios fundamentales: la eliminación de las PASO, la reforma de la Ley Orgánica de Partidos Políticos y la reestructuración del financiamiento de las campañas.
"Desde su creación, las PASO han sido una encuesta millonaria al servicio de la política, con costos que afectan directamente a los argentinos", afirmó Adorni, al destacar que solo en 2023 las primarias demandaron un gasto de $45.445 millones, cifra que podría haber sido aún mayor en términos reales.
Las PASO, implementadas en 2011, surgieron con la intención de democratizar las internas partidarias y permitir que los ciudadanos participen en la selección de candidatos. Sin embargo, el Ejecutivo considera que este sistema ya no cumple su propósito original.
De acuerdo con Adorni, "obligar a votar cuando no hay competencia interna no tiene sentido y genera gastos innecesarios". Además, el umbral del 1,5% de votos válidos para acceder a la elección general seguirá vigente, pero será evaluado en un marco distinto tras la eliminación de las primarias.
La reforma a la Ley Orgánica de Partidos Políticos también propone endurecer los requisitos para las agrupaciones. Actualmente, un partido necesita el 0,4% de afiliados del padrón electoral para ser reconocido; el proyecto elevará este porcentaje al 0,5%. Además, las agrupaciones nacionales deberán tener presencia en 10 distritos en lugar de las 5 jurisdicciones actuales, y mantener un mínimo del 3% de votos en dos elecciones consecutivas.
"Con estas medidas buscamos evitar los 'sellos de goma' y garantizar que los partidos realmente representen a sus votantes", explicó el vocero. De aprobarse la norma, los partidos tendrán plazo hasta 2026 para adecuarse.
Cambios en el financiamiento: más control y menos gasto público
El proyecto también incluye modificaciones a la Ley de Financiamiento de los Partidos Políticos. Según Adorni, el objetivo principal es "reducir el gasto público y transparentar los recursos privados que reciben las agrupaciones".
Entre los cambios destacados se encuentra la eliminación del financiamiento público para campañas, excepto un aporte anual proporcional a los resultados obtenidos. También se eliminarán los espacios publicitarios gratuitos en medios y se reducirán los días en los que se prohíben encuestas previas a las elecciones: de ocho a tres.
Por otro lado, se incrementarán los topes para aportes privados, aunque seguirán prohibidos los provenientes de entidades como sindicatos, empresas contratistas del Estado y organismos extranjeros. Además, se establecerá la figura del fiscal general ante la Cámara Nacional Electoral, para controlar mejor el cumplimiento de la normativa.
La iniciativa se da en un marco donde ya se aprobó la implementación de la Boleta Única de Papel, otro cambio significativo al sistema electoral, que busca simplificar el acto de votar y reducir los costos de impresión.
Sin embargo, las reformas propuestas podrían enfrentar resistencia en el Congreso, especialmente de sectores que ven en las PASO una herramienta de participación ciudadana. Habrá que seguir de cerca el debate parlamentario, que promete ser extenso y con posiciones encontradas.
Las modificaciones propuestas, de ser aprobadas, entrarían en vigor para las elecciones legislativas de 2025, dejando margen para los partidos y la ciudadanía de adaptarse a un sistema completamente renovado.