Liliana Carmen Pascua, actual intendenta del municipio Enrique Urien, fue procesada sin prisión preventiva. Está denunciada por administración fraudulenta.
Un curioso episodio se conoció este miércoles en la provincia del Chaco. La actual intendenta del municipio Enrique Urien, Liliana Carmen Pascua, fue procesada sin prisión preventiva luego de que se detectara que percibió, durante varios meses, una pensión no contributiva por invalidez cuando ya había asumido como jefa comunal en 2013.
La causa está en manos de la jueza federal subrogante de Sáenz Peña, Belén María López Macé, quien la proceso luego de considerarla prima facie autora penalmente responsable del delito de fraude en perjuicio de la Administración Pública.
Este tipo de delito está tipificado en el artículo 174, inciso 5, del Código Penal Argentino.
Según la investigación que comenzó en 2020, durante los meses de julio a diciembre de 2013, Pascua extrajo fondos correspondientes a una pensión no contributiva por invalidez y habría solicitado su baja de manera tardía.
En julio de ese año, su salario fue de $7097,80 y ascendió a $9258 entre agosto y noviembre al tiempo que cobraba el beneficio.
Según el falló, “se comprobó que, a partir de su designación como funcionaria pública, los emolumentos recibidos por su cargo político se volvieron incompatibles con la percepción de una pensión social. Esta conclusión se basa en el decreto 432/97 sobre pensiones por vejez e invalidez, que establece que no se debe poseer bienes, ingresos ni recursos que permitan la subsistencia“.
Mientras la intendenta dijo que había dada de baja su pensión por incapacidad laboral del 80 por ciento -que sí fue acreditaba-, el falló detalló: “Se evidenció que hasta diciembre de 2013 Pascua continuó realizando extracciones de su pensión a través de cajeros automáticos, según lo indicado en el Oficio 715/2013 del Nuevo Banco del Chaco”.
No sería la primera vez que Pascua tiene problemas con la Justicia; según advirtieron medios locales, en 2021, fue investigada por su presunta participación en el uso indebido de fondos destinados a viviendas sociales cuando varias de estas construcciones fueron adjudicadas a familiares.