El vocero presidencial, Manuel Adorni, anticipó medidas para fortalecer el control de los ingresos al país.

El Gobierno trabaja en un proyecto para ampliar los delitos que podrían motivar la deportación de extranjeros, según informó el vocero presidencial Manuel Adorni. Entre los cambios en evaluación se incluye penalizar el reingreso de personas expulsadas y mejorar los controles para quienes intenten ingresar al país con documentación falsa o declaraciones fraudulentas. “Buscamos que existe una legislación armónica con el resto del mundo y cumplir con el preámbulo que plantea recibir a todo hombre de bien”, explican los responsables del proyecto.

Uno de los aspectos destacados es la revisión de la figura del “extrañamiento” establecida en la Ley de Migraciones, que permite la expulsión de presos extranjeros tras cumplir la mitad de su condena. Si bien se considera más económico expulsarlos, el problema radica en que, al llegar a sus países de origen, suelen quedar en libertad, como sucedió con Luis Mario Vitette Sellanes, líder del histórico robo al Banco Río, quien fue deportado a Uruguay en 2013 y pudo vivir en libertad debido a la ausencia de antecedentes en su país.

Además, el Gobierno busca sancionar con penas de prisión a extranjeros que violen la prohibición de reingreso al país tras ser expulsados. “Quienes intenten entrar con documentación apócrifa o que se sospeche que el motivo de su ingreso es diferente al declarado, se quedarán del otro lado de la frontera”, afirmó Adorni. También se plantea la imposibilidad de ingresar al país para extranjeros con antecedentes penales, lo cual no está completamente regulado en la normativa actual.

Las nuevas políticas incluyen reformas al sistema de salud y educación para extranjeros no residentes. Entre las medidas anunciadas, se encuentra el arancelamiento de las universidades nacionales para estudiantes extranjeros. “Hoy uno de cada tres estudiantes de medicina es extranjero. Esto va a representar una fuente de financiamiento para las casas de estudio”, explicó el vocero presidencial.

En cuanto al sistema de salud, se eliminará la gratuidad de la atención médica para extranjeros no residentes. “Los organismos nacionales, provinciales o municipales determinarán las condiciones de acceso al sistema, incluyendo la posibilidad de cobrar los servicios”, detalló Adorni. Estas iniciativas, según el Gobierno, buscan garantizar un uso más equitativo de los recursos del Estado y fortalecer el control migratorio en el país.